La Confederación Andaluza de Organizaciones en favor de Personas con Discapacidad Intelectual (Feaps Andalucía) —formada por 140 asociaciones— ha alertado de su situación de "asfixia" por la deuda que mantiene la Junta de Andalucía con el movimiento asociativo, que asciende a unos 27 millones de euros —20 millones por parte de la Consejería de Salud y Bienestar Social y siete millones de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo—. Ante esta situación, demanda "sensibilidad" a la Administración, "sentarse a negociar y solucionar los problemas".

En rueda de prensa en la sede del Defensor del Pueblo Andaluz en Sevilla, el presidente de Feaps-A, Matías Rodríguez, ha denunciado que ni la Consejería de Presidencia e Igualdad ni los consejeros de Salud y Bienestar Social —el departamento que dirige María Jesús Montero hizo su último pago a la Confederación el pasado mes de diciembre— y Empleo "les han recibido", pese solicitar insistentemente diversas entrevistas para poner encima de la mesa los problemas que está teniendo el colectivo. "Deberíamos sentarnos a negociar y solucionar los problemas", porque "estamos incumpliendo con las nóminas de los trabajadores —más de 10.000 en toda Andalucía— y con los proveedores".

Igualmente, Rodríguez ha alertado de la paralización desde el pasado 27 de abril de los Servicios de Orientación Laboral —que la Federación ha venido ofreciendo de manera continuada desde hace más de diez años y que atendían a 4.000 usuarios con discapacidad intelectual—. "Estamos pendientes de que se prorrogue, se entre en concurrencia competitiva y se pueda seguir prestando", señala el presidente de Feaps, que insta a la Junta a que "sea sensible" con un colectivo en riesgo de exclusión social.

Además, lamenta que "no se esté sometiendo a las personas con discapacidad a los Programa Individual de Atención (PIA) para que pasen a los servicios vacantes". "Hay muchos servicios que no están cubiertos, mientras hay personas en sus casas sin valorar, en detrimento de la calidad y el derecho de estas personas a percibir dicho servicio", asegura.

En este sentido, el vicepresidente de la Confederación, Francisco Alonso, afirma que "cada persona con discapacidad no atendida es un drama familiar, con una vida sin calidad", por lo que "creemos que es muy importante reactivar los PIA y la Ley de Dependencia, aparte de los impagos de la Junta". "Feaps-A representa a más de 60.000 personas en Andalucía, por lo que tenemos derecho a ser escuchados", pide Alonso, quien ha participado en este acto que supone el arranque de las reivindicaciones por parte de la Confederación, cuya Junta Directiva se reúne esta tarde.

Por otra parte, Feaps-A —que atiende directamente a 20.000 personas en más de 540 centros de atención de toda la comunidad— ha querido poner de relieve que "casi el 90 por ciento de las personas con discapacidad intelectual son atendidas por la Federación, no por la Junta". Además, continúa, "somos una herramienta de prestación de un servicio que debería hacer la Administración y a un precio infinitamente menor".

"Sabemos que hay crisis, pero es necesario innovar, poner sobre la mesa otras fórmulas que no solo pasan por el dinero", insiste Rodríguez, quien insta al director general de la Agencia Andaluza de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia, Jesús Huerta, a que "escuche las propuestas en positivo" que se hacen desde Feaps "para salir de esta situación", y que "como mínimo se presente un calendario de pagos". "Entendemos la dificultad, pero queremos que se nos diga, por ejemplo, en 90 días pago; lo que no podemos es no saber nunca cuando vamos a cobrar", concluye.

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