Exasesores del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) se han concentrado este martes ante el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, para criticar la "actitud cortijera" del Gobierno andaluz y rechazar su oferta de empleo para reforzar las oficinas del SAE donde "nos quieren sustituto por personas sin experiencia".

En una nota, los exasesores han asegurado que continúan con sus protestas ante lo que consideran "una actitud de la Junta absolutamente déspota y totalitaria", toda vez que, según aseguran, sus contratos "se realizaron en fraude de ley" y sus despidos "fueron ilegales".

"Nos despidieron por falta de presupuesto manteniendo al personal Faffe, cuyo mérito de acceso ha sido ser de la familia PSOE y ahora pretenden sustituirnos por personas sin experiencia para atender a los desempleados; ésa es la actitud cortijera que mantiene la Junta frente al principal problema de Andalucia, el paro".

Por ello, solicitan a la Consejeria de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo que "la contratación de 172 técnicos para reforzamiento de oficinas SAE realice mediante una oferta genérica teniendo en cuenta los principios de igualdad, merito y capacidad".

Los promotores

Por otro lado, el colectivo de expromotores del SAE ha acusado a este Consejería de "incapacidad para gestionar los acuerdos del Parlamento de Andalucia y del Consejo de Gobierno", por lo que han anunciado que se manifestarán esta semana ante la Dirección General del SAE y plantean un encierro de todos los promotores de empleo, despedidos el pasado año por insuficiencia económica de la Administración.

Los promotores de empleo consideran que la actitud mantenida por la Consejería en relación al proceso de selección previsto para cubrir los 310 puestos en el SAE, comprometidos por el consejero Antonio Ávila "ha sido deliberadamente engañosa y ha hecho caso omiso de la proposición no de Ley aprobada por todos los grupos del Parlamento, en la que se instaba a la Consejería a la readmisión de estos trabajadores, despedidos de las oficinas del SAE, personal laboral técnico del Servicio Andaluz de Empleo, con experiencia acreditada y formación adecuada al puesto, sufragada por la propia Consejería en módulos exclusivos de formación que se hicieron para estos 826 trabajadores en toda Andalucía".

Este personal entiende que la gestión realizada por la Consejería, para llevar a cabo la cobertura de estas plazas "se ha realizado sin orden ni concierto, no valorándose en ningún momento la experiencia del personal despedido, siguiendo unas pautas incongruentes para el proceso de selección, saltándose a la torera, en un ejercicio de prepotencia y de desprecio por la voluntad popular, lo acordado en el parlamento de Andalucía y acordado por Consejería para intentar que parte de este colectivo, así como otros tanto en la misma situación, fueran sondeados para una baremación de méritos ya que es este personal cualificado el que se encarga de atender al casi millón y medio de desempleados que existe en nuestra Comunidad".

Por ello, exigen a la Consejería que "apliquen los requerimientos de la propuesta no de ley del Parlamento de Andalucía, que deponga su actitud antidemocrática y que revise los criterios de selección previstos".

Consideran en una nota que "el ocultismo que ha tenido la Consejería en la gestión de este proceso ha dado lugar a confusión y a una falta de escrúpulo a la hora de tratar con desempleados, ya que el desarrollo del mismo está provocando el llamamiento de un reducido número de personas sin experiencia en el SAE, existiendo además candidatos que se repiten en varias localidades, en un proceso oscuro y con el desacuerdo de sindicatos y colectivos, teniendo solo oportunidad de acceder a esta plazas 500 personas, a las que no se les ha exigido experiencia alguna".

A su juicio, ello "demuestra la poca voluntad de la actual Consejería por apostar por un servicio público de calidad y profesionalizado, colaborando con ello a la privatización de estos servicios y a la continuidad del personal de fundaciones externas, pertenecientes a la Consejería que, pese a estar inhabilitado por sentencia para el desempeño de funciones en las oficinas y sin tareas que realizar desde hace casi dos años, continúan formando parte del entramado irregular del Servicio Andaluz de Empleo, cuya situación caótica sigue agravándose en perjuicio de los desempleados andaluces".