El presidente del PSOE de Cádiz, Manuel Jiménez Barrios, ha criticado este lunes los informes "de última hora" que han aparecido con motivo del juicio por el 'caso Rilco' en la Zona Franca que demuestran "una connivencia clara del PP de Cádiz, de Teófila Martínez y Antonio Sanz, con el actual delegado de la Zona Franca y los exdelegados acusados". Así, el dirigente socialista se ha referido especialmente al informe del Ministerio de Industria, sobre el que ha anunciado que preguntarán al ministro de Industria en el Congreso, y a la "reciente reactivación" del dominio de Rilco por parte de la Zona Franca para "tratar de aparentar la utilidad de un portal en liquidación".

A través de un comunicado, Jiménez Barrios ha mostrado su satisfacción porque el tribunal haya "puesto límite a la barbaridad que pretendía el PP de Cádiz y los exdelegados de desprestigiar la figura de los abogados del Estado". Una estrategia de defensa "muy dura" —ha calificado— porque significaba "poner en cuestión a profesionales de reconocido prestigio que son un garante de la legalidad en la administración pública y en este caso, han sido quienes han puesto en conocimiento de la Justicia las irregularidades detectadas". "Querían apartarlos del caso porque son testigos incómodos como ha puesto de manifiesto la sentencia del Tribunal de Cuentas", ha precisado.

Contra las descalificaciones que ha efectuado Rodríguez de Castro sobre esta sentencia, el dirigente provincial recuerda que una de las ponentes fue la exministra de Justicia en el Gobierno de Aznar, Margarita Mariscal de Gante, y sería "poco decoroso" que la denunciara un militante del PP "como dice ser Rodríguez de Castro y ha manifestado desconocer la vicepresidenta del PP de Cádiz, Ana Mestre".

"El PP, Teófila Martínez y Antonio Sanz, tienen que dar explicaciones sobre por qué defienden una trama corrupta que se organiza para saquear a la Zona Franca, por qué no salen públicamente a alejar al PP de esta trama, por qué son tan duros exigiendo responsabilidades a otros y ahora no se alejan de estos personajes", algo que solo se explicaría, a su juicio, por el hecho de que ambos delegados "tengan conocimiento de información que al PP no le interesa que salga a la luz, pero los ciudadanos tienen derecho a saber", ha manifestado.

Y con ese objetivo ha anunciado una batería de iniciativas en todas las instituciones para tratar de esclarecer lo sucedido. Empezando por el Congreso y Senado, además del ayuntamiento y el propio Consorcio, y elevando el asunto además al Parlamento de Andalucía porque "la Bahía necesita una estrategia para que salga de la apatía en que se encuentra y en ese camino conjunto la Zona Franca es un instrumento fundamental"

Además de reprochar al PP "que todavía hoy le paga el abogado a Osuna y se ponga de lado de los acusados", Jiménez Barrios ha asegurado que "el PP tendría que defender los intereses de la Zona Franca pero parece que quieren que se pierda el interés público y salgan beneficiados quienes han perjudicado los intereses de los ciudadanos". En ese escenario, ha resaltado "la connivencia de todos ya que a prisa y corriendo se anuncia ahora que el pretendido portal se pone en marcha y defienden la gestión de Rodríguez de Castro con un sorprendente informe del Ministerio de Industria"; mientras ha censurado que "hayan pretendido retrasar el juicio con excusas tan peregrinas como que ahora se ha encontrado una maleta con datos de Miami Free Zone, que no fue destruida por el Katrina".

Jiménez Barrios sitúa dentro de la estrategia del PP de apoyar a los dos delegados el "sorprendente" informe del Ministerio de Industria sobre el que ha anunciado una batería de iniciativas para comprobar "cuál es el apoyo del PP, de los actuales ministros a una actuación que se califica por sí sola". En este sentido, ha reprochado que lo hagan pese a que existe ya una sentencia firme del Tribunal de Cuentas, recordando al mismo tiempo "la dureza con que se empleó Antonio Sanz que ha llegado a pedir la dimisión de la secretaria general por el caso Bahía competitiva".

Finalmente, considera "un escándalo" que aún no se haya convocado un Pleno extraordinario cuando, a su entender, deberían ser los actuales gestores "los primeros en convocar ese pleno para dar explicaciones y poner en pie la defensa de los intereses públicos, ya que tienen que estar de acuerdo con que vuelva el dinero a los gaditanos y no con perpetuar y callar el saqueo producido".