El grupo de Amnistía internacional (AI) en Cantabria ha señalado este domingo que las mujeres que quieren denunciar violencia de género siguen encontrando "numerosos obstáculos" que dificultan su acceso a la justicia.

En un comunicado con motivo de los cuatro asesinatos de mujeres ocurridos esta semana en España, uno de ellos en Santander, AI señala que pese al "insistente" mensaje institucional que pone el acento en que las mujeres "deben" denunciar para protegerse y recibir apoyo, no se están tomando medidas "eficaces" para proteger a las víctimas de violencia en general.

Según la organización, tras ocho años de la puesta en funcionamiento de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, establecidos en la Ley Integral, "no se ha evaluado" su funcionamiento, pese a que existen cifras "muy preocupantes".

AI recuerda que, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre 2006 y 2011, el 64% de los casos de este tipo fueron sobreseídos. Y destaca que sólo en 2011, se archivaron en el conjunto del Estado una media del 45% de las denuncias.

Además, AI destaca que también se produjo un descenso en la concesión de órdenes de protección solicitadas por las mujeres, de forma que un 36,8% de las solicitudes de orden de protección fueron rechazadas.

A juicio de la organización, "no se puede seguir justificando la inacción de las instituciones en el hecho de que las mujeres denuncien, ratifiquen las denuncias o no".

Recuerda al respecto que en 2012 AI denunció, entre otros obstáculos, la "falta de diligencia" en la investigación judicial. "Por un lado, es la propia víctima quien tiene que aportar las pruebas necesarias para demostrar esa violencia, y por otro lado, la mayoría de los casos son sobreseídos sin apenas investigación de oficio por parte del juez competente o por parte de la Fiscalía", recalca.

Explica que Amnistía Internacional ha documentado casos en los que las pruebas que presenta la mujer son denegadas por el juzgado al considerarlas "innecesarias", a la vez que los casos son archivados. Y señala que que, según datos del CGPJ, en 2011, de los 48.000 autos de sobreseimiento en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, más de 40.000 fueron dictados por ese motivo.

La organización recuerda a las autoridades que tienen la "obligación" de verificar la efectividad de la protección legal dispuesta y de "identificar" los obstáculos que, en la ley o en su aplicación, impiden a las mujeres acceder y obtener justicia y protección.

También recuerda, tal y como hizo en su Informe de noviembre de 2012 '¿Qué justicia especializada?', que el Consejo General del Poder Judicial "debe detectar y corregir los casos de falta de diligencia para impedir prácticas que incumplan el deber de investigar y administrar justicia".