Iseco denuncia que el Gobierno "dificulta el acceso" a la Renta Social Básica

Izquierda Social y Ecologista (Iseco) ha denunciado que la "política de recortes" aplicada por el Gobierno de Cantabria (PP) durante los dos primeros años de legislatura ha tenido como consecuencia "dificultar el acceso" a la Renta Social Básica, que es la "única prestación económica periódica" destinada a cubrir las necesidades básicas de las personas sin recursos, y que es percibida únicamente por unos 3.000 beneficiarios, con un importe de 426 euros mensuales para una sola persona.

Izquierda Social y Ecologista (Iseco) ha denunciado que la "política de recortes" aplicada por el Gobierno de Cantabria (PP) durante los dos primeros años de legislatura ha tenido como consecuencia "dificultar el acceso" a la Renta Social Básica, que es la "única prestación económica periódica" destinada a cubrir las necesidades básicas de las personas sin recursos, y que es percibida únicamente por unos 3.000 beneficiarios, con un importe de 426 euros mensuales para una sola persona.

Según la cooperativa política de izquierdas, el Ejecutivo de Ignacio Diego "ha complicado los trámites de forma injustificada, ha alargado hasta los seis mes el plazo de respuesta, ha recortado el derecho de retroactividad en el cobro, y ha entorpecido el acceso para los residentes comunitarios", todo ello con el objetivo de "recortar al máximo" la aportación de dinero para protección social, a pesar de que la partida es "insignificante" en comparación con el presupuesto autonómico.

Iseco considera en un comunicado que la "gravedad" de la situación exige "nuevas políticas y caminar hacia la conversión del carácter asistencial de este tipo de prestaciones en un nuevo derecho ciudadano", cuyos límites y contenidos deben surgir, a juicio de Iseco, de un "profundo debate social", por lo que Iseco se ha propuesto organizar una jornada monográfica sobre Renta Básica para el próximo mes de junio.

Por último, el colectivo para la unidad de la izquierda en Cantabria pide al Gobierno y al Parlamento que tomen conciencia del incremento de la pobreza en la comunidad autónoma y fomenten las políticas de protección social para las economías más débiles, en especial a desempleados y personas en riesgo de exclusión social.

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