La diputada y portavoz en materia de empleo de IULV-CA, Rosalía Martín, ha acusado a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de "obviar" los acuerdos unánimes alcanzados en el Parlamento entre todas las fuerzas políticas para dotar de personal técnico "capacitado" a las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

En un comunicado, Martín ha explicado que finalmente serán 172 plazas las que saldrán a oferta pública para dotar de personal especializado las oficinas del SAE, lo que supone un "esfuerzo presupuestario" del Gobierno andaluz para mantener las políticas activas de empleo.

Pese a ello, la diputada de IULV-CA considera que los criterios que la Consejería competente ha utilizado para la oferta pública de plazas no cumplen con los acuerdos aprobados por unanimidad en la comisión parlamentaria de Economía, Ciencia, Innovación y Empleo que, a través de una proposición no de ley, instó a la Consejería a mantener los puestos de trabajo del personal técnico del SAE despedidos hasta diciembre de 2012.

"La idea era que estas plazas fueran ocupadas por el personal más preparado, capacitado y formado que hemos tenido en Andalucía hasta el momento", ha destacado Martín, que ha señalado que, "lejos de cumplir este mandato del Parlamento, la Consejería ha optado por ofertar las plazas para parados anteriores a 2011, obviando que la situación actual de desempleo masivo requiere de profesionales capacitados". "Son los despedidos el pasado año, el personal que la Junta ha formado para esta tarea", ha añadido

Así, tras insistir en que IULV-CA no cree que se esté cumpliendo con el citado acuerdo, Martín ha indicado también que su formación lleva cerca de un año reuniéndose con el personal técnico del SAE para buscar soluciones sobre la forma de mantener un mínimo de estructura en el SAE. Y es que, según ha apuntado, desde que se aprobara por parte del Consejo de Gobierno dotar al SAE con 310 nuevas plazas, "se han incumplido prácticamente todos los acuerdos".

Finalmente, ha manifestado que IULV-CA ha desarrollado y presentado propuestas de indicadores y posibles baremaciones para la oferta de estas plazas de personal técnico de forma que, por un lado, se apostase por una composición equilibrada de las oficinas y, por otro, que "se cumpliera, aunque fuese en un acuerdo de mínimos", con el mandato parlamentario de ofertar estas plazas a los profesionales despedidos entre junio y diciembre de 2012.