El subdelegado pide al SAT que ejerza su derecho de manifestación "de acuerdo con la normativa vigente"

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Juan Lillo, ha pedido al Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) que "cumpla con la normativa vigente cuando decida hacer uso de su derecho de manifestación", algo para lo que, según ha destacado, "sólo se les exige el requisito de comunicar el lugar, el recorrido y la hora de la protesta con diez días de antelación a las autoridades administrativas".

JAÉN, 22 (

Europa pres)

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Juan Lillo, ha pedido al Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) que "cumpla con la normativa vigente cuando decida hacer uso de su derecho de manifestación", algo para lo que, según ha destacado, "sólo se les exige el requisito de comunicar el lugar, el recorrido y la hora de la protesta con diez días de antelación a las autoridades administrativas".

Así lo ha indicado este miércoles a través de un comunicado después de que miembros de esa organización se haya concentrado ante la subdelegación y haya solicitado una reunión para conocer la "represión" que dice sufrir con "miles de euros" en multas.

"El objetivo de esta norma, como saben todos los ciudadanos, es armonizar el derecho constitucional de manifestación y la libertad de expresión con los derechos de aquellos que no desean manifestarse, de forma que no se produzcan alteraciones del orden público ni menoscabo de los derechos de los demás", ha afirmado no sin apuntar que "la gran mayoría" de las concentraciones de los últimos meses se han desarrollado "sin contratiempos" y respetando esa normativa vigente.

En este sentido, Lillo ha explicado que el propio SAT comunica previamente algunas de sus manifestaciones, como la del pasado día 16 de mayo o el próximo 24 de este mismo mes y en cambio, en otras ocasiones, "decide realizarlas sin llevar a cabo esos trámites". Por ello, ha considerado que "no se puede culpar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que trabajan en el ejercicio de su responsabilidades, de la arbitrariedad de una organización que decide cuándo cumple la normativa y cuando no en función de sus intereses".

"Si no existe comunicación previa, los agentes de la autoridad, en ocasiones la Guardia Civil y en otras la Policía Local o Nacional, no tienen más remedio que denunciar y a partir de ahí es obligada la incoación de los procedimientos administrativos correspondientes y la imposición, en su caso, de las correspondientes sanciones", ha zanjado el subdelegado.

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