El coordinador de Política Sanitaria del PP-A, el senador cordobés Jesús Aguirre, ha afirmado este martes que, "casi un año después, hay hechos que demuestran que el nuevo modelo del Sistema de Dependencia avanza hacia su sostenibilidad".

En este sentido y través de un comunicado, Aguirre ha citado "el mantenimiento de las mismas prestaciones y el catálogo de servicios iniciales de la Ley, el aumento de 122 millones de euros respecto a 2011 de la financiación del nivel mínimo —de los 1.287 del Gobierno del PSOE a los 1.407 millones del Gobierno del PP—, la incorporación de 132.000 nuevos beneficiarios de prestaciones a nivel nacional o la rebaja de la lista de espera para recibir prestaciones en casi un 25 por ciento".

Todo ello, según el dirigente popular, "gracias a las medidas para la mejora del sistema que se acordaron con las comunidades autónomas (CCAA) en el Consejo Territorial de Dependencia del 10 de julio de 2012. Medidas como la armonización de la normativa estatal -de seis reales decretos se han pasado a tres-, la simplificación de los niveles de valoración para ganar en agilidad en la tramitación de solicitudes y prestaciones o la prioridad que establece la Ley en la calidad de servicios como motor generador de economía y empleo".

El también portavoz de Sanidad del PP en el Senado ha destacado el establecimiento de nuevas garantías para la prestación por cuidado familiar. "Este tipo de prestaciones —según ha subrayado— han de ser una excepción y no una norma, tal y como advierte el Tribunal de Cuentas, ya que el Sistema de Dependencia podría haberse transformado en un sistema de subsidios".

Además, el Gobierno del PP ha suspendido el pago de las cuotas a la Seguridad Social por parte de la Administración General del Estado, "ya que se había creado una deuda con la Seguridad Social de más de 1.000 millones de euros, pues el anterior Gobierno presupuestaba 30 millones al año, cuando en realidad el coste ascendía a más de 300 millones de euros".

Este nuevo Sistema de Dependencia, según Aguirre, "es más social que nunca, ya que se ha establecido una norma común para determinar la capacidad económica y la aportación del usuario, según el principio de igualdad de los ciudadanos en todo el país".

No obstante, según ha señalado, "se garantiza que las personas dependientes con una capacidad económica inferior al Iprem (450 euros al mes) no aporten nada. Asimismo, cuando una persona dependiente permanece en su domicilio a través de la atención de servicios profesionales, o por cuidador familiar, no se computará la vivienda a efectos de determinar su capacidad económica. La regulación anterior del gobierno socialista, escasa y además recurrida, no tenía en cuenta esta diferenciación".

1.108

Millones de ahorro

La aplicación de estas medidas en 2013 generarán, según Aguirre, un ahorro estimado de 1.108 millones de euros, 581 millones en la Administración General del Estado y 527 en los presupuestos de las CCAA, añadiendo el senador cordobés que "el modelo heredado de la anterior administración era inviable, por lo que requería mejoras en su gestión y más transparencia".

Por último, Aguirre ha asegurado "que no se ha adoptado ninguna medida nueva desde el acuerdo adoptado en julio de 2012 con las CCAA". Tanto es así que "la propia Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que tanto han denostado esta previsión de ahorro para 2013 por considerar que procede de nuevos recortes, emitió un comunicado en verano del año pasado en el que ya se hacía eco de los citados acuerdos y de las previsiones de ahorro".