La Junta de Gobierno Local extraordinaria celebrada este martes en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha aprobado la incorporación del Ayuntamiento a la Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria de Andalucía y al Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria para el 2013 recogidos en el decreto contra la exclusión social al que se adhirió el Consistorio jerezano la pasada semana.

Según ha informado en un comunicado el Consistorio jerezano, se ha aprobado el Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria para el año 2013 que cuenta con dos líneas de actuación, por un lado promover la concienciación social y prácticas de consumo responsable, impulsar el voluntariado y apoyar a las entidades locales para acciones de solidaridad alimentaria. Y, por otro, una segunda línea de actuación destinada a asegurar la garantía alimentaria a colectivos especialmente vulnerables, niños y mayores, y personas con escasos recursos económicos.

La delegada de Bienestar Social, Igualdad y Salud, Isabel Paredes (PP), ha vuelto a pedir a la Junta que "tenga en cuenta" a las asociaciones y entidades que trabajan diariamente con las personas más desfavorecidas, así como a los servicios sociales municipales que son "los que mejor conocen la situación de los distintos municipios". Al hilo, ha recordado que el Ayuntamiento ya trabaja "activamente" con 11 instituciones de Jerez con las que firmó un convenio por el que "trabajamos en red para conocer permanentemente la situación de las personas más desfavorecidas de la ciudad".

Isabel Paredes ha reiterado la disposición del Ayuntamiento de Jerez a colaborar con la Junta "desde la cooperación y colaboración entre administraciones", pero también ha recordado que "los ayuntamientos colaboraremos en el desarrollo de los distintos programas del Decreto pero es la Junta la que tiene que dotar con suficiente financiación a estos programas".

En este sentido, la delegada se ha mostrado satisfecha porque cree que este decreto es "suficientemente clarificador" sobre las competencias que la Junta tiene en materia social; abundando en que los ayuntamientos sólo son "colaboradores" en el desarrollo de las políticas sociales pero sin tener la competencia de las mismas.