La Plataforma de Afectados por los Montes de Utilidad Pública de Cantabria (PLACAMUPCA) ha presentado alegaciones y unas conclusiones jurídicas al borrador sobre la posible modificación de la Ley de Montes de 2003 que está elaborando el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Según ha informado en un comunicado la Plataforma, presentó las alegaciones formalmente el pasado miércoles, 15 de mayo, dos días antes de que concluyera el plazo dado por el Gobierno de Cantabria a este colectivo para que realizara las observaciones que estimara oportunas para analizar su inclusión en la posible modificación de la Ley de Montes.

Para complementar las alegaciones, el mismo día que expiraba el plazo, la Plataforma presentó unas conclusiones jurídicas que completan el informe de modificación de la Ley de Montes del 2003 para que se unan al borrador del Ministerio.

Una "ventana a la esperanza"

La Plataforma ha reconocido que para sus intengrantes y, en general, para "todos" los afectados por los Montes de Utilidad Pública en Cantabria se ha abierto "una ventana a la esperanza" de que si se lleva a cabo la modificación de la Ley se pueda acabar con su problema "de raíz".

Sin embargo, ha señalado que las últimas actuaciones del Gobierno de Cantabria y del PP "enturbian" esta posibilidad.

Así, se ha referido al rechazo el pasado 15 de abril en el Parlamento de Cantabria de una proposición no de ley de Modificación de la Ley de Montes del 2003 que presentó el 2003, y que fue rechazada con el voto en contra de los 'populares'.

También, entre otras, ha aludido a las declaraciones del Gobierno regional en los medios de comunicación afirmando de que la Ley de Montes no se iba a modificar para darle solución a un grupo de Afectados u otras en las que el Ejecutivo señalaba que serían los abogados del Estado los que estudien las peticiones que hagan los afectados para aceptarlas o no.

Así, la Plataforma ha opinado que "alguien en el Gobierno de Cantabria debería aclarar a los afectados como interpretar todos estos diferentes puntos de vista".

"Al día de hoy tanto la Plataforma como los afectados no sabemos cuál es la dirección va el Gobierno, si va a darle solución al problema o lo quiere dejar en el estado actual y que lo arreglen los juzgados", ha señalado.