CCOO, junto con los sindicatos de la Plataforma Unitaria de la Administración de Justicia, han convocado concentraciones a las puertas de los juzgados de Cartagena y Murcia contra el "desmantelamiento" de la Administración de Justicia y bajo el lema 'Quieren privatizarlo todo ¡No tienen límite!'.

En concreto, la concentración en la puerta de los Juzgados de Cartagena, en el edificio situado en la calle Ángel Bruna, tendrá lugar este martes de 11.30 a 12.20 horas, mientras que la concentración de Murcia tendrá lugar a la misma hora este miércoles, 22 de mayo, al igual que en los juzgados de toda España.

CCOO critica que la profundidad de las reformas que ha emprendido el Gobierno "solo pueden tener una respuesta: la movilización permanente y contundente contra el desmantelamiento de la Administración de Justicia", según informaron fuentes de CCOO en un comunicado.

Esta movilización se produce "tras la eliminación del derecho a la tutela judicial efectiva que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, aprobó mediante la publicación de la ley de tasas judiciales y su propuesta de entregar a los registradores los registros civiles".

Ahora, lamenta que, en el Consejo de Ministros del pasado 3 de mayo, el Gobierno de Mariano Rajoy "ha aprobado el anteproyecto de reforma de la LECivil que consagra la privatización de los actos de comunicación y de los embargos convirtiendo a los procuradores en agentes de la autoridad".

CCOO advierte que esto conllevará, "además de un nuevo paso en el desmantelamiento de la Administración de Justicia como servicio público, la eliminación de miles de puestos de trabajo, comprometiendo la imparcialidad en la práctica de estas diligencias, ya que el procurador es el representante de los actores en los procesos judiciales".

Además, y "por si esto fuera poco, el Registro Civil también quiere someterlo a este proceso privatizador, encomendando su llevanza a los Registradores de la Propiedad", añade el sindicato.

Este cúmulo de medidas "privatizadoras", a su juicio "va a tener un efecto demoledor en la ciudadanía, que pese al incremento de impuestos que venimos sufriendo, van a tener que pagar doblemente por los servicios que el Estado venía prestando de forma gratuita, encareciéndose el servicio público de la Justicia, siendo accesible solamente a los que más dinero tienen".

Asimismo, CCOO considera que el efecto que va a tener en el empleo público en los distintos juzgados "va a ser también demoledor", y la disminución de los puestos de trabajo en los Juzgados, cuando no la supresión directa de puestos, "va a suponer la reordenación de miles de personas que van a tener que desplazarse".

"Si los servicios públicos se dejan sin contenido, seremos los ciudadanos los que tengamos que pagar a los prefesionales para realizar las actuaciones que hasta ahora se venían prestando por los empleados públicos", concluye UGT.

Ante esta situación, considera que los trabajadores "no podemos permanecer impasibles e inmóviles ante lo que pretende el Gobierno: convertir el servicio público de la Justicia en un coto privado donde profesionales al servicio del poder reciben las prebendas que Gallardón y Rajoy les regalan a cambio del servilismo hacia sus decisiones".