Mientras la sección séptima de la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) debe pronunciarse sobre la demanda promovida contra el "despido colectivo" de 43 de los trabajadores de la sociedad anónima municipal 'Sevilla Global', perteneciente al Ayuntamiento hispalense y sometida a un proceso de disolución y liquidación, las conclusiones definitivas de los afectados respecto al juicio celebrado el pasado 9 de mayo reclaman la "nulidad" de los despidos y la condena "solidaria" del Ayuntamiento como "empresario real".

La disolución de 'Sevilla Global' figura en el plan de ajuste promovido por el Gobierno municipal del PP para adherir al Ayuntamiento al real decreto Ley 4/2012, que habilitaba vías de endeudamiento para que las administraciones saldasen deudas con sus proveedores, a cambio de sacrificios en materia de gasto público. A tal efecto, el Gobierno municipal había esgrimido inicialmente un "imperativo legal" derivado de las pérdidas como causa de la decisión de disolver esta empresa, aunque finalmente argumentó duplicidades funcionales entre esta empresa y los servicios del propio Ayuntamiento y la necesidad de reducir gastos a cuenta del difícil escenario económico.

Las cuentas de '

Sevilla global'

Las cuentas de 'Sevilla Global' correspondientes al ejercicio 2011, de cualquier modo, fueron aprobadas por el consejo de administración de la empresa con un resultado contable de pérdidas valoradas en 3.738.674 euros. Mientras casi todas las pérdidas derivan del deterioro del valor inmobiliario del complejo empresarial 'Arte Sacro', los trabajadores de la empresa avisan de que al margen de este aspecto, las pérdidas operativas se reducirían a sólo 68.413 euros y la compañía atesoraría en el momento de su disolución un capital social de 600.000 euros y un patrimonio neto de más de cuatro millones de euros.

A finales de julio de 2012, así, el Ayuntamiento emitía una resolución de Alcaldía que ordenaba la "continuidad" del Centro de Recursos Empresariales Avanzados (CREA) y de algunos servicios de la empresa, resolviendo finalmente el desmantelamiento de las áreas restantes. Tal extremo se tradujo en el conocido expediente de regulación de empleo sobre 43 de los 54 miembros de la plantilla a base de indemnizaciones de 20 días por año trabajado.

Juicio por los despidos

En el juicio correspondiente a la demanda de los trabajadores contra el citado "despido colectivo", la abogada de 'Sevilla Global' invocaba el acuerdo plenario correspondiente al plan de ajuste, según el cual "hay una obligación de disolver y liquidar 'Sevilla Global'". Ha defendido, así, la "extinción definitiva de 'Sevilla Global'" como consecuencia de una "obligación legal", en referencia al plan de ajuste. La letrada de la empresa, de tal manera, reconocía que 'Sevilla Global' no contaba con "pérdidas que entrasen en una causa de disolución mercantil", pero por contra alegaba que sí sufría "pérdidas para una causa de disolución administrativa", mencionando el deterioro del valor inmobiliario del parque Arte Sacro.

El abogado del Ayuntamiento, de su lado, trataba de desligar al Ayuntamiento de este conflicto señalando que 'Sevilla Global', participada en solitario por el Consistorio, "tiene su propia personalidad jurídica, independiente y separada de la del Ayuntamiento". La "relación laboral" entre 'Sevilla Global' y su plantilla, según la representación del Consistorio, sería así ajena a la Administración local.

Conclusiones defintivas

La representación de los trabajadores, que dirige sus demandas tanto contra la empresa, como contra el Ayuntamiento de Sevilla, señala finalmente en sus conclusiones definitivas, recogidas por Europa Press, que en este caso "el empresario real es el Ayuntamiento de Sevilla". Esgrime la representación de la plantilla que el Consistorio es "el socio único" de la empresa y el "autor" del plan de ajuste "en el que se basa la decisión extintiva colectiva". "Existe una clamorosa confusión de plantillas. Los trabajadores de 'Sevilla Global' eran cedidos a la Gerencia de Urbanismo, Lipasam, al Area de Economía del propio Ayuntamiento...", señalan los afectados en sus conclusiones junto a una "unidad de actividades" y "un clamoroso trasvase de activos inmobiliarios".

"El Ayuntamiento crea una sociedad instrumental no de mercado, trasvasa a ella parte de su personal, le cede activo, la financia y dirige y, cuando lo considera, liquida el ente, recupera sus activos pero omite sus responsabilidades laborales", señalan las conclusiones definitivas de los despedidos, que insisten en que "ni había causa de disolución mercantil ni la hay de carácter administrativo". En ese sentido, esgrime la representación de los trabajadores que la disolución responde a una operación de "ingeniería contable", sobre todo porque "se continúan prestando los mismos servicios por ambas demandadas".