El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, advierte de "enormes carencias" en la efectividad del derecho a una vivienda "digna". En este sentido, alerta de las "dramáticas consecuencias" que genera la aplicación de la realidad actual de la normativa en materia de insolvencia, desahucios o ejecución hipotecaria.

El defensor del pueblo valenciano hace estas observaciones en su informe de 2012, donde atribuye esta situación "no solo a los condicionamientos económicos que impone el mercado", sino también "como consecuencia de una normativa y unas políticas públicas de vivienda que no han podido adaptarse a las necesidades reales de la ciudadanía y al sentido y características de las nuevas estructuras y relaciones sociales y económicas".

En este sentido, señala que los problemas para acceder a la vivienda "se han visto aumentados en los últimos tiempos, debido a la difícil situación económica que ha afectado de manera especialmente intensa tanto a las pequeñas economías familiares como al sector inmobiliario".

Asimismo, indica que en los últimos años "a los problemas de acceso a la vivienda digna vienen sumándose, de manera cada vez más acuciante, fenómenos de regresión en el disfrute de este derecho", de modo que "asistimos a un preocupante proceso de involución, en términos sociales, del grado de efectividad del derecho a la vivienda".

"No se trata ya sólo de que el acceso a la vivienda sea cada día más difícil, sino de que muchas personas y familias que habían logrado adquirir una vean como la situación de endeudamiento que padecen les conduce a la pérdida de la misma", la menta.

"dinámica peligrosa e inquietante"

Al respecto, el Síndic alerta de que esto genera "una dinámica peligrosa e inquietante, en términos sociales", ya que "quienes no tienen vivienda siguen teniendo muy difícil acceder a ella y, quienes sí la tenían, cada vez es más frecuente que vean peligrar su derecho o que, directamente, lo pierdan como consecuencia de la tramitación de procedimientos de desahucio o de ejecución hipotecaria".

Durante 2012, los ciudadanos plantearon ante la institución un total de 556 quejas relacionadas con la vivienda, frente a las 245 presentadas en 2011. Las quejas más numerosas, 397, se refieren a la aplicación de los planes de vivienda; 142 a actuaciones del Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa), 14 a las competencias municipales en materia de vivienda y tres sobre otras competencias de los Servicios Territoriales de Arquitectura y Vivienda.

José Cholbi indica en su informe que, como en años anteriores, los problemas que determinados colectivos especialmente desfavorecidos encuentran a la hora de acceder a una vivienda de protección pública "ha vuelto a centrar la actuación de esta institución a lo largo del año 2012".

Menos viviendas de promoción pública

En este sentido, señala que éste es "uno de los ámbitos en los que la crisis económica que padecemos ha dejado sentir sus efectos con mayor intensidad, al haber desplegado sus efectos tanto sobre el número de viviendas de promoción pública disponible, que es cada vez menor, como sobre el número de ciudadanos que acuden en solicitud de este tipo de viviendas, que es por el contrario cada vez es mayor".

El Síndic hace referencia a varios casos de quejas formuladas por retrasos en la adjudicación de viviendas de protección pública, y subraya que "esta institución no pudo sino manifestar que, siendo consciente de las dificultades existentes para satisfacer la numerosa demanda de vivienda protegida", hay que recordar que el artículo 16 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana dispone que "la Generalitat garantizará el derecho de acceso a una vivienda digna de los ciudadanos valencianos".

"Por ley se regularán las ayudas para promover este derecho, especialmente a favor de los jóvenes, personas sin medios, mujeres maltratadas, personas afectadas por discapacidad y aquellas otras en la que estén justificadas las ayudas", contempla el Estatuto.

Impagos de ayudas

En otros apartados, Cholbi también señala que los impagos de las ayudas a la vivienda en sus diversas modalidades —prestaciones de mantenimiento, ayudas de acceso a la vivienda, renta básica de emancipación, ayudas de rehabilitación de vivienda— han constituido el principal de los motivos de queja por los que, en materia de vivienda, los valencianos se han dirigido a la institución.