En pocas semanas se han producido varias importantes novedades en el mercado de la vivienda que afectan seriamente a los propietarios. De un lado, la reforma de la ley hipotecaria (ley antidesahucios); de otro, la llegada del certificado energético para las casas y los controles para los propietarios que alquilan pisos en vacaciones.

Es respecto a estas dos últimas que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) habla de "atropello". Las califica de "nuevas cargas" para los particulares, de "excusa para sacar dinero" y de "férreo control" a los arrendamientos de verano las nuevas normas dictadas bajo la etiqueta de "protección al consumidor".

La organización critica que las autoridades impongan a los particulares la obligación de obtener un certificado energético a la hora de vender o alquilar sus inmuebles y que supondrá un gasto de 250 euros por piso medio.

La tasadora inmobiliaria Tinsa, que ha creado una sociedad específica a través de la que efectuará estas calificaciones, calcula que el certificado de eficiencia costará un mínimo de 150 euros (tasas administrativas aparte). La normativa aprobada por el Gobierno será exigible a partir del próximo 1 de junio a los propietarios que vendan o pongan en alquiler un inmueble.

El dinero de estas etiquetas irá a parar a los profesionales encargados de expedir el certificado y a la tasa por registro del documento, según la OCU, que señala que "la justificación" que se utiliza es que la exigencia viene de Bruselas y que tiene el fin de mejorar la eficiencia energética de las viviendas.

Las sanciones por no tener la etiqueta energétican será de 300 a 600 euros por las infracciones leves, de 601 a 1.000 euros por las graves, y de 1.001 a 6.000 euros las muy graves.

En opinión de Tinsa, el 85% de las viviendas españolas son poco o nada eficientes y tendrían una calificación energética de entre E y G. "Están bastante mal situadas", asegura el director general de Tinsa Certify, Gonzalo Cervera.

La OCU estima que en los últimos doce meses se han vendido 166.000 viviendas de segunda mano en España que equivaldrían a un coste para los propietarios de más de 41 millones de euros por el nuevo certificado.

Además, esta asociación critica que se vaya a obligar a los propietarios que alquilan pisos en vacaciones a someterse al control de su comunidad autónoma y ayuntamiento bajo la amenaza de sanciones y con la excusa, según la OCU, de que estos arrendadores hacen una competencia desleal al sector hotelero o de que rebajan la calidad de la oferta turística.