La oposición en el Ayuntamiento de Valencia (EU y Compromís) preguntará en el próximo pleno municipal por los contratos con la mercantil Esabe, investigada por la Justicia, según han informado estas formaciones políticas en diferentes comunicados. Por su parte, el PSPV ha recordado que ya pidió que se investigara a esta entidad en el año 2009.

En concreto, la concejala de EU, Rosa Albert, ha anunciado una batería de preguntas al respecto sobre el cumplimiento de las obligaciones de las contratas municipales con la Seguridad Social.

Esta edil ha recordado que EU ya denunció el pasado febrero que la UTE Servicleop-Cleop, adjudicataria del servicio de retirada de vehículos de la vía pública, "no había abonado las cuotas a la Seguridad Social de sus trabajadores correspondientes al mes de mayo a octubre de 2011 y de febrero a mayo de 2012, adeudando un total de 451.218 euros a la Tesorería General".

Esta situación, añadida a la aprobación el pasado viernes por despacho extraordinario de una moción del vicealcalde Alfonso Grau obligando a todos los contratistas del Ayuntamiento a acreditar mensualmente el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, "nos lleva a sospechar que el caso de la UTE Servicleop-Cleop no es aislado", ha dicho Albert.

"Desde EU —ha agregado— tenemos constancia de que hay empresas que están gestionando servicios públicos y que, por tanto, reciben una contraprestación económica con cargo al presupuesto del Ayuntamiento y que no cumplen con cuestiones básicas como es el pago a la Seguridad Social de sus trabajadores y, por ello, vamos a seguir exigiendo la remunicipalización de estos servicios, ya que entendemos que es la única fórmula para evitar esta situación que afecta tanto al presupuesto municipal como a los derechos de los trabajadores y trabajadoras", ha defendido.

Por su parte, la concejala de Compromís, Consol Castillo, ha rectificado la cantidad que hizo pública este martes sobre el volumen de contratación del Ayuntamiento de Valencia con Esabe Vigilancia, investigada por la Fiscalía Anticorrupción. Al respecto, ayer explicó que la mercantil facturó al Ayuntamiento de Valencia más de 1.790.000 euros entre los años 2007 y 2011 en concepto de vigilancia y seguridad en los Museos Municipales, como las Atarazanas, la Casa Blasco Ibáñez, la Casa Benlliure, La Almona, el Museo de Historia o el Palacio de la Exposición, entre otros. Esta mañana, Castillo ha hecho público que la cantidad finalmente facturada ha sido de más de 4,1 millones de euros entre 2007 y 2011.

Castillo ha señalado que "esta nueva información agrava aún más el problema que tiene el Ayuntamiento" y que, por ello, hará preguntas al próximo Pleno a fin de averiguar si estas contrataciones con la mercantil investigada por la justicia mantienen algún tipo de paralelismo con el 'modus operandi' que ha descubierto la Policía en los diversos interrogatorios a los trabajadores y directivos de esta empresa.

La concejala de Compromís ha manifestado que el equipo de Gobierno "ya tarda en dar explicaciones, ya que las acusaciones sobre esta empresa, de presuntos pagos de comisiones a cambio de contratos públicos, no se pueden despachar con un silencio administrativo", ha dicho.

Empresa denunciada

Por su parte, el portavoz adjunto del grupo municipal socialista, Salvador Broseta, ha recordado que en 2009 el PP "rechazó en 2009 investigar a la empresa Esabe", tal y como se desprende de las respuestas del equipo de Gobierno al exconcejal José Luis Ábalos, quien reclamó "explicaciones sobre por qué esta empresa gestionaba la seguridad de varios centros municipales, a pesar de tener constancia de que estaba denunciada por sus trabajadores por llevar años sin pagarles legalmente las horas extra".

"Existían antecedentes que el PP debería haber tenido en cuenta para rectificar la contratación de esta empresa", ha indicado, y ha precisado que en el año 2009, cuando los socialistas lanzaron la voz de alarma Esabe Vigilancia gestionaba el Centro Arqueológico de la Almoina, el Palacio de Cervelló, el Museo de la Ciudad, la Casa-Museo Blasco Ibáñez, la Casa-Museo Benlliure, el Museo de Ciencias Naturales y la La Lonja.

Asimismo, los socialistas también alertaron en aquel momento que esta empresa "prestaba servicios de seguridad en La Fe y que los trabajadores denunciaron por una cuantía que oscilaba entre 1.100.000 y 1.820.000 euros en concepto de liquidación de horas extra realizadas y abonadas en negro".

Además, Broseta ha destacado que el equipo de Gobierno local "conocía que esta empresa había sido inhabilitada en 2001 para trabajar con la administración pública bajo el nombre Bubos Securitas, porque así lo hizo constar el grupo municipal socialista".