La juez Mercedes Alaya ha citado a declarar el próximo mes de octubre a los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce y a la exdirectora del área económica y de contabilidad de esta sociedad mixta Pilar Giraldo a cuenta de su imputación por un presunto delito societario cometido en la gestión de la lonja después de la querella presentada por el PP.

En una providencia dictada el pasado 6 de mayo, consultada por Europa Press, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla cita a declarar a Mellet, el día 3 de octubre; a Ponce, el día 4, y a Giraldo, el día 8, con lo cual declararán tres años y medio después de su imputación, que se produjo el día 13 de mayo de 2010.

Este retraso en su citación como imputados llevó a la Fiscalía de Sevilla a elevar un escrito al Juzgado el 19 de diciembre de 2012 —cuando la juez se encontraba aún de baja por enfermedad— en el que solicitaba que, "a la mayor brevedad que fuera posible", se fijara un calendario de declaraciones, y que, tras las mismas, se celebrara "en su caso" la comparecencia de medidas cautelares.

En su escrito, el representante del Ministerio Público solicitó igualmente que se oficiara a la Agencia Tributaria para que entregara la pericial económica acordada en este caso "o en su defecto informe del desarrollo de la pericial, y en su caso plazo estimado para su terminación, atendiendo a la carga de trabajo que pesa sobre los peritos de la Agencia Tributaria encargados de esta pericia".

La juez Mercedes Alaya acordó en su día que se realizara esta pericial a fin de determinar, entre otros aspectos, "la presunta existencia de cualesquiera otros actos de falsedad de cuentas anuales o de documentos que deban reflejar la situación económica de la sociedad, de actos de distracción de fondos, o disposición fraudulenta de bienes, que hayan causado un perjuicio" tanto al merca como a la fundación.

El informe pericial,

"pieza fundamental" para la investigación

Pues bien, la juez dice en la providencia notificada a las partes personadas que, "estando aún pendiente de presentarse el informe pericial, pieza fundamental para la investigación de la causa, como pide el fiscal", procede requerir a los peritos designados "para que, mediante informe o comparecencia, expongan el estado actual de la pericial acordada y los motivos que justifiquen la no presentación de la misma".

Las nuevas citaciones se producen después de que la juez se reuniera este martes con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, y se comprometiera a "agilizar" todas las 'macrocausas' que investiga e incluso a finalizar la instrucción de alguna de ellas durante el presente año 2013.

En el escrito remitido al Juzgado, el Ministerio Público también pidió que, por parte del secretario, "se haga constar enumeración, si los hubiere", de todos los escritos y de la documentación aportada hasta la fecha por las demás partes y "de aquella documentación y expedientes que se hayan recibido en el Juzgado en cumplimiento de requerimientos ya acordados" mediante auto, especialmente el auto dictado por la magistrada el 20 de julio de 2012, "dando posterior traslado a las partes de los mismos, o al menos traslado de índice detallado" de esta documentación.

Las distintas ramas del caso mercasevilla

En este auto, la juez reclamó a la sociedad gestora de Mercasevilla los informes de auditoría correspondientes a los ejercicios 2010 y 2011, mientras que también reclamó al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sus conclusiones sobre el control técnico elaborado en cuanto a la empresa 'Price Waterhouse Coopers S.L.' y sobre el expediente sancionador incoado contra esta sociedad.

Y es que el ejercicio 2008 se saldó para Mercasevilla con pérdidas por valor de 1.539.000 euros pero la directiva repartió dividendos por valor de 258.000 euros, extremo que no habría detectado 'Price Waterhouse' al auditar las cuentas de Mercasevilla.

Hay que recordar que Mellet y Ponce ya fueron condenados a 21 meses de inhabilitación y 600.000 euros de multa por un delito de cohecho tras solicitar una 'mordida' de 450.000 euros a los empresarios del Grupo La Raza como condición para gestionar la escuela de hostelería de la lonja, que había sido subvencionada con 900.000 euros por la Consejería de Empleo.

Además del delito societario y del cohecho, la juez Mercedes Alaya investiga las presuntas irregularidades cometidas en la venta de los suelos de Mercasevilla y el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta, cuya investigación nace de las prejubilaciones fraudulentas descubiertas en los dos ERE promovidos en 2003 y 2007 por la lonja.