El titular del juzgado de instrucción número 2 de Castro Urdiales, Luis Acayro Sánchez, ha apreciado indicios de delito de prevaricación en la contratación de diversos servicios municipales, como los de limpieza y jardinería, por parte del exalcalde socialista Rufino Díaz Helguera (1991-2003).

Así consta en dos autos dictados por el magistrado correspondientes a sendas piezas separadas de la investigación abierta en el Ayuntamiento castreño, según las cuales el entonces regidor habría contratado de forma "ilegal y fraccionada" servicios de jardinería, limpieza y complementarios desde octubre 1997 y hasta finalizar su mandato, en mayo de 2003, adjudicando un total de 2.792 facturas por importe global de más de 3,2 millones de euros a diez beneficiarios distintos y pese a ser advertido en más de 700 ocasiones de la "ilegalidad" de su proceder.

Concretamente, según la pieza separada del caso número dos, Díaz Helguera habría adjudicado, desde el 29 de octubre de 1997 y hasta mayo de 2003, el servicio de limpieza y complementarios "al margen de legalidad", a un único beneficiario a través de un total de 1.631 facturas y por importe de más de 1,4 millones de euros.

De acuerdo con el escrito, el entonces regidor "eludía" el procedimiento legal con el "fraccionamiento artificioso" del objeto del contrato, buscando la apariencia tanto de contratos menores como de estar delegada su competencia en la comisión de gobierno, pese a que esta manera de actuar, fraccionada y verbal, está prohibida para la Administración y no estaba amparada en el decreto de delegación de competencias, al estar excluidas las contrataciones plurianales y las que superen cuatro años. Además, si se atiende al importe, los contratos debían de sacarse obligatoriamente a licitación.

Las adjudicaciones de estos servicios fueron para una única beneficiaria, de la que el Ayuntamiento castreño ha sido "cliente casi exclusivo" y no tenía, además, empleados a su cargo. Además, esta beneficiaria podría haber cometido un delito contra la Hacienda Pública, al no haber declarado la realidad de los cobros percibidos, puesto que pese a que facturó 1,4 millones sólo consta que ha declarado ingresos por valor de 304.551 euros.

Y aunque estos hechos habrían prescrito ya desde el inicio de la investigación constituyen un indicio "periférico" de lo ocurrido en cuanto a "la voluntad de vulnerar la legalidad", apunta el juez Acayro en el auto, en el que también señala que el exregidor imputado tuvo conocimiento de las supuestas irregularidades, de las que había sido "reiteradamente advertido", concretamente "hasta más de 350 veces".

Se detalla al respecto que en 326 ocasiones se le indicó que había fraccionado "deliberadamente" el objeto del contrato, mientras que en 20 veces se le avisó de "falta de concurrencia" y en 14 más de que estaba haciendo un "fraccionamiento ilegal y que precisaba expediente de contratación".

Estos avisos y su conocimiento por parte de Díaz Helguera han sido ratificados por el interventor, que corroboró la "existencia de una trama clientelar en torno a la figura del alcalde mediante adjudicaciones masivas y fracciones al margen de la legalidad".

Por otro lado, además de existir hasta nueve notas de intervención, los hechos fueron "abiertamente denunciados" en los Plenos municipales. Los indicios también se han corroborado en un informe jurídico-económico elaborado por una perito.

El auto de la pieza número dos concluye que a esta contratación "fraccionada y masiva" por parte de Díaz Helguera "se empieza a poner coto" en junio de 2003, con la llegada de los nuevos gestores al Consistorio, pues de no haberse producido este cambio de gobierno se habría "prolongado la situación".

Pieza separada número tres

Por su parte, la pieza separada número tres del caso hace referencia a la contratación se servicios de limpieza y jardinería municipal desde principios de 1998 hasta que Díaz Helguera dejó de ser alcalde.

En este caso, también se fraccionaban los contratos, para que pareciesen "menores", y se adjudicaron 1.161 facturas a nueve beneficiarios, por valor de 836.980 euros.

De igual modo, el entonces regidor fue nuevamente advertido, hasta en más de 360 ocasiones, de la "ilegalidad" de esta actuación. Se le avisó por parte del interventor municipal de la falta del preceptivo expediente de contratación y nulidad de pleno derecho de lo que estaba haciendo, así como de la ausencia de la preceptiva propuesta previa. También se puso de manifiesto en notas de intervención, en los Plenos y en el informe jurídico-económico.

Diez días

Estas diligencias se iniciaron a raíz de una auditoría de legalidad contratada por el Ayuntamiento de Castro de acuerdo con la cual habría "múltiples indicios" de un delito contra la administración pública debido a un incumplimiento "generalizado y flagrante" de la legalidad en materia de contratación.

El juez Sánchez Acayro ha separado en dos piezas la instrucción en torno a la gestión de Díaz Helguera y tras concluirla, ha transformado las diligencias previas en procedimiento abreviado.

De este modo, se da trasladado de las mismas a la Fiscalía y partes personadas para que formulen en el plazo de diez días los correspondientes escritos de acusación solicitando apertura de juicio oral o sobreseimiento de la causa.

Contra esta resolución dictada por el juez cabe interponer recurso de reforma en el plazo de tres días o recurso de apelación en cinco días.