Un total de 429 establecimientos —67 hoteles y 362 restaurantes y chiringuitos— y 3.000 viviendas del litoral de la Comunitat mantendrán en sus ubicaciones actuales gracias a la nueva Ley de Costas aprobada este jueves en el Congreso. Así lo ha destacado este viernes la delegada del Gobierno en esta autonomía, Paula Sánchez de León, que ha resaltado tanto la protección medioambiental que recoge de "forma transversal" esta norma como la "racionalidad, sentido común y realismo" con los que está enfocada.

Sánchez de León se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa ofrecida para dar a conocer detalles de la ley y su aplicación en la Comunitat junto a los jefes de las demarcaciones de Costas de las tres provincias de este territorio, Rosa de los Ríos, Vicente Ibarra y Josefa Solernou. Ha dicho que la "prioridad" del Gobierno de Mariano Rajoy ha sido trabajar "de manara inmediata" en esta "importante" normativa que "afecta a los derechos e intereses de muchos ciudadanos, a la economía y al medio ambiente".

La delegada ha considerado que la anterior Ley de Costas, en vigor durante 25 años, era "insuficiente" para resolver "problemas de la actualidad" y "en muchos casos, perjudicial", hasta el punto de "dañar la imagen de marca" de la Comunitat. Ha subrayado que la nueva norma "parte de los problemas que la práctica ha ido mostrando y aporta soluciones" desde "tres objetivos fundamentales": "la protección al medio ambiente, la protección de derechos de antiguos propietarios y la seguridad jurídica, y la estabilidad a actividades económicas en el litoral".

Por lo que respecta a los 429 establecimientos hoteleros y hosteleros que se beneficiarán de la ley en la Comunitat, Sánchez de León ha considerado que la "seguridad y estabilidad" que se les da para seguir ejerciendo su actividad en los emplazamientos actuales se traslada también a "los proveedores y a los empleados". Ha subrayado que éste es un sector que "factura más de 160 millones de euros" y que "emplea a más de 9.000 personas en la Comunitat".

Con las nuevas medidas se amplía el plazo máximo de las concesiones para ocupación y uso de la costa hasta un máximo de 75 años, dependiendo de cada caso. El plazo concreto lo determinará el reglamento de la ley, que tendrá que desarrollarse en seis meses. Además aumenta el plazo de autorizaciones para las instalaciones de temporada (desmontables) de uno a cuatro años. Con la anterior norma, se renovaban cada año, algo que "resultaba a menudo ineficaz y farragoso desde el punto de vista de la burocracia", según la delegada.

Asimismo, a partir de ahora se establece una prórroga extraordinaria, no automática y previa acreditación de que no hay peligro para la protección ambiental, de todas las actividades existentes. La solicitud para ello ha de hacerse cuando vaya a vencer el plazo que actualmente hay vigor, que en la mayoría de los casos vencería en 2018 pero en otros. Éste es el caso de 14 restaurantes de la playa de la Malvarrosa de Valencia, que vencía el próximo mes de junio.

Respecto a estos locales, Ibarra ha apuntado que las actuaciones que se acometan ahora deberán atender tanto lo indicado por la nueva ley como las planes que a partir de ella plantee el Ayuntamiento, atendiendo a "los aprovechamientos que se establezcan". Al respecto, ha apuntado que "nunca" una superficie interior y exterior tendrán las mismas características.

La ley permite también obras de reparación y modernización en los establecimientos siempre que no implique más volumen, más superficie y más altura de la que hay en la actualidad. La anterior limitaba estas actuaciones, lo cual hacía que muchas instalaciones se deterioraran.

"no abusar de la costa"

La delegada del Gobierno, que ha lamentado el "ejercicio de irresponsabilidad" cometido por los partidos de la oposición como el PSOE que se han opuesto a esta nueva norma, ha subrayado que con ella "no se va a abusar de la costa" y que "se va a proteger". Así, ha aseverado que "donde antes estaba prohibido construir ahora también", que "lo que era antes ilegal, ahora también" y que "no va a haber un ladrillo nuevo en la costa".

Ha asegurado que todos esto se garantiza "sin olvidar la importancia de la actividad económica para la costa"· de la Comunitat. En esta línea, ha resaltado que la ley faculta a los delegados del Gobierno a suspender cautelarmente actuaciones urbanísticas, con el objeto de evitar situaciones como las vividas con El Algarrobico en Almería.

Por lo que respecta a las 3.000 viviendas del litoral valenciano que se benefician de la nueva norma, inmuebles ocupadas por 12.000 habitantes, ha precisado que 1.426 son están en "núcleos de población consolidados históricamente" que han quedado "excluidos del dominio público marítimo terrestre" porque las zonas han perdido esta característica, "son urbanas y no hay valores naturales que preservar".

Estas 1.426 casas están repartidas entre Serragrossa y el Puerto de Santa Pola —1.252— en Alicante; Oliva —67—, en Valencia, y Xilxes —107—, en Castellón. El resto, hasta las 3.000 citadas, si que están en dominio público marítimo terrestre y ahora ven ampliada su concesión de 30 a 75 años una vez soliciten la ampliación de la misma. En este caso está la urbanización la Casbah de El Saler, en Valencia.

La ley recién aprobada permite también, como ha destacado la delegada, la transmisión de los derechos de concesión mortis causa e intervivos. Con la ley anterior, al fallecer el titular de una concesión, sus herederos podían solicitar la transferencia de ese derecho a su favor siempre que lo pidieran en el plazo de un año como máximo, una circunstancia que hacía que en ocasiones se perdiera la concesión.

"apuesta clara"

Por otro lado, el portavoz del Gobierno valenciano, José Císcar, ha valorado, tras el pleno del Consell, el contenido de la nueva Ley de Costas y ha destacado que recoge las reivindicaciones de la Generalitat y de la sociedad civil. Asimismo, ha subrayado que da seguridad jurídica a un sector clave en la economía valenciana como es el turismo y los establecimientos de ocio y restauración ubicados en el dominio público marítimo-terrestre de la Comunitat.

La administración autonómica considera que la norma supone, al prolongar las concesiones a 75 años, una "apuesta clara" por el turismo y por la creación de empleo en estos sectores. Císcar ha señalado que el sector turístico, del ocio y la restauración representa el 13 por ciento del PIB de la Comunitat.