La sección séptima de la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha celebrado este jueves un juicio para resolver las demandas promovidas contra el "despido colectivo" de 43 de los trabajadores de la sociedad anónima municipal 'Sevilla Global', perteneciente al Ayuntamiento hispalense y sometida a un proceso de disolución y liquidación. Durante la vista oral, los trabajadores han reclamado la nulidad de sus despidos al no mediar "causas económicas y organizativas", la empresa ha defendido su "extinción definitiva" en cumplimiento del plan de ajuste y el Ayuntamiento se ha desligado del conflicto alegando la "personalidad jurídica propia" de 'Sevilla Global'.

La disolución de 'Sevilla Global' figuraba en el plan de ajuste promovido por el Gobierno municipal del PP para adherir al Ayuntamiento hispalense al real decreto Ley 4/2012, que habilitaba vías de endeudamiento para que las administraciones saldasen deudas con sus proveedores, a cambio de sacrificios en materia de gasto público. A tal efecto, el Gobierno municipal había esgrimido inicialmente un "imperativo legal" derivado de las pérdidas como causa de la decisión de disolver esta empresa, aunque finalmente argumentó duplicidades funcionales entre esta empresa y los servicios del propio Ayuntamiento y la necesidad de reducir gastos a cuenta del difícil escenario económico.

Las cuentas de '

Sevilla global'

Las cuentas de 'Sevilla Global' correspondientes al ejercicio 2011, de cualquier modo, fueron aprobadas por el consejo de administración de la empresa con un resultado contable de pérdidas valoradas en 3.738.674 euros. Mientras casi todas las pérdidas derivan del deterioro del valor inmobiliario del complejo empresarial 'Arte Sacro', los trabajadores de la empresa avisan de que al margen de este aspecto, las pérdidas operativas se reducirían a sólo 68.413 euros y la compañía atesoraría en el momento de su disolución un capital social de 600.000 euros y un patrimonio neto de más de cuatro millones de euros.

A finales de julio de 2012, de cualquier modo, el Ayuntamiento emitía una resolución de Alcaldía, recogida por Europa Press, que ordenaba la "continuidad" del Centro de Recursos Empresariales Avanzados (CREA), del servicio de apoyo a los sectores empresariales, "incluyendo la gestión y venta" del complejo Arte Sacro, y del servicio de programas internacionales "en ejecución", resolviendo finalmente el desmantelamiento de las áreas restantes. Tal extremo se tradujo en el conocido expediente de regulación de empleo sobre 43 de los 54 miembros de la plantilla.

Indemnizaciones al mínimo legal

Los 43 despidos fueron consumados, finalmente, a mediados del pasado mes de noviembre con indemnizaciones de 20 días por año trabajado, dado que no medió acuerdo alguno entre la plantilla y 'Sevilla Global' a la hora de negociar los términos del procedimiento.

Pues bien, en el juicio correspondiente a las demandas de los trabajadores contra el citado "despido colectivo", celebrado este jueves, la representación de los empleados ha reclamado la nulidad de la extinción de los contratos, o subsidiariamente su improcedencia, al detectar una "mala fe negociadora" y no mediar verdaderas "causas económicas y organizativas" que sustenten el ERE. Y es que, como ha defendido el abogado de los trabajadores, secundado por el de CCOO, tras la consumación del ERE el Ayuntamiento de Sevilla, como socio único de la empresa, ha entregado a 'Sevilla Global' "una encomienda definitiva" para seguir comercializando los espacios del parque Arte Sacro y las labores suspendidas a través de la resolución de Alcaldía de fecha de julio de 2012 están siendo "prestadas" por otras áreas o departamentos del Consistorio.

Las causas del ere

La representación de los trabajadores, que dirige sus demandas tanto contra la empresa, como contra el Ayuntamiento de Sevilla, señala así que la disolución y el ERE deberían estar sustentados por una "causa de fuerza mayor" y no se cumple tal extremo, insistiendo en la idea de la continuidad de las labores encomendadas a la empresa.

La abogada de 'Sevilla Global', de su lado, ha negado cualquier tipo de "mala fe negociadora" y ha defendido que durante la negociación del ERE, la empresa atendió "en la medida de lo posible" las peticiones de los afectados, si bien todo estaba sujeto a unos "límites" de tesorería. La letrada de 'Sevilla Global', sobre todo, ha invocado el acuerdo plenario correspondiente al plan de ajuste, según el cual "hay una obligación de disolver y liquidar 'Sevilla Global'". Ha defendido, así, la "extinción definitiva de 'Sevilla Global'" como consecuencia de una "obligación legal", en referencia al plan de ajuste.

Cuestión de pérdidas

La letrada de la empresa, de tal manera, ha reconocido que 'Sevilla Global' no contaba con "pérdidas que entrasen en una causa de disolución mercantil", pero por contra ha alegado que sí sufría "pérdidas para una causa de disolución administrativa", mencionando el deterioro del valor inmobiliario del parque Arte Sacro.

El abogado del Ayuntamiento, de su lado, ha tratado de desligar al Ayuntamiento de este conflicto señalando que 'Sevilla Global', participada en solitario por el Consistorio, "tiene su propia personalidad jurídica, independiente y separada de la del Ayuntamiento". La "relación laboral" entre 'Sevilla Global' y su plantilla, según la representación del Consistorio, sería así ajena a la Administración local. La representación legal de los trabajadores, no obstante, ha replicado que el Ayuntamiento es el "empleador real" de la plantilla y que 'Sevilla Global' "es parte del Ayuntamiento". En ese sentido, ha argumentado la representación de los despedidos que entre la empresa y el Ayuntamiento ha habido incluso "cesión de trabajadores".

Visto para sentencia

El letrado del Consistorio, finalmente, ha defendido la "imprescindible" aplicación del plan de ajuste, así como la disolución de 'Sevilla Global', avisando de esta empresa "desarrolla actuaciones importantes, pero no se trata de servicios ni mucho menos esenciales". Así, la representación de los trabajadores ha reclamado la nulidad de los despidos, o subsidiariamente su improcedencia, mientras las representaciones de la empresa y el Ayuntamiento han solicitado la desestimación de las demandas y la libre absolución de las partes demandadas. Las partes, no obstante, cuentan ahora con un plazo de tres días para entregar sus conclusiones definitivas merced al material pericial expuesto durante la sesión.