El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, respeta la decisión judicial, que considera "sensata", de no imputar a la práctica totalidad del Consejo de Administración de Sodercan y de la fábrica de fibroyeso de GFB como supuestos autores de un delito societario y otro contra la hacienda pública y la Seguridad Social, tal como había solicitado la fiscal superior de Cantabria, María Teresa Calvo.

A preguntas de la prensa sobre este hecho que ha desvelado El Diario Montañés, Diego ha asegurado que respeta las decisiones "de uno y otra", aunque ha rehusado a entrar en valoraciones de las mismas.

Sí considera "legítimo" que la fiscal haya "visto la conveniencia" de imputar a "todos los que han participado activamente en ese proceso", al igual que ve "legítimo y sensato" que el juez, Jaime Parra, proceda "de manera parcial, para ir ampliando (las imputaciones) en la medida que en el proceso parezca oportuno".

Estos hechos están en el juzgado tras el acuerdo de la Mesa del Parlamento de remitir a la Fiscalía el dictamen de la Comisión de Investigación de GFB para que determine si existen indicios de delito en la actuación del anterior Gobierno regional (PSOE-PRC).