El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha aprobado por unanimidad una Proposición No de Ley para instar a la Junta a que aproveche las herramientas necesarias que tiene a su disposición para atender a las familias afectadas por desahucios en la Comunidad, una iniciativa que ha recogido algún punto de las presentadas por Grupo Mixto y Socialista que se han rechazado, aunque han recabado el apoyo del PP a algunos de sus términos.

Así, después de tres debates en los que los tres grupos han insistido en sus posiciones sobre cómo solucionar el importante número de desahucios como consecuencia de la crisis, se ha aprobado la PNL presentada por el Grupo Parlamentario Popular consensuada con PSOE e IU, al recoger dos puntos de sus textos presentados a debate.

En la PNL, en la que se hace referencia al acuerdo alcanzado en el marco del Diálogo Social, con entidades locales y organizaciones del tercer sector para la creación de una red de protección para personas y familias en situación de vulnerabilidad por la crisis en Castilla y León, así como al Servicio integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio, se insta a la Junta en primer lugar a aprovechar las herramientas pactadas en estos acuerdos para prestar cobertura a las personas que se ven afectadas por estos procedimientos de ejecución hipotecaria.

Por otro lado, se pide priorizar las actuaciones negociadas sobre la deuda hipotecaria y las de intermediación del Servicio de apoyo a estas familias y se procure así que los beneficiarios de este servicio mantengan la titularidad de su vivienda y no vean engrosada su deuda, así como proporcionar de forma "inmediata", tras la aprobación de la Ley de protección de deudores hipotecarios, el servicio de asesoramiento necesario a través de las 30 oficinas destinadas al efecto para que las familias en riesgo de desahucio que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad puedan beneficiarse de la suspensión del lanzamiento hipotecario.

Otro de los puntos se refiere a la promoción de la adhesión de ayuntamientos al Fondo Social de Viviendas de Alquiler y en otro apartado se pide movilizar todos los recursos autonómicos para la atención en situación de especial vulnerabilidad y se coordinen los diferentes instrumentos existentes.

En esta PNL se recoge además la medida que el Grupo Mixto, a través de Izquierda Unida, recogía en su texto, en la que se insta a fomentar el alquiler social de viviendas vacías y de aquellas objeto de interlocución con las entidades financieras como cauce para hacer efectivo el ejercicio del derecho constitucional y estatutario a una vivienda digna y adecuada.

Convenio con el tsjcyl

Asimismo, se introduce la propuesta socialista de agilizar y acelerar el proceso de negociación que se lleva a cabo para la suscripción de un convenio con el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para establecer los cauces de colaboración oportunas que permitan establecer un protocolo de actuación para evitar o mitigar situaciones en las que se pueda apreciar que los demandados en un procedimiento de ejecución hipotecaria (personas físicas) pudieran encontrarse en situaciones de especial vulnerabilidad o desvalimiento.

En el debate de la PNL aprobada, que ha llegado tras abordarse las de los otros grupos políticos, el procurador del PP Alfonso García Vicente ha llamado al acuerdo entre los grupos y a "aparcar" las diferencias para intentar aportar soluciones conjuntas a este problema y ha pedido dejar de poner ejemplos como el de Andalucía, que no permite el acuerdo, para buscar modelos alternativos que "de forma consensuada, dialogada, pactada" pueden poner soluciones.

Sin embargo, los grupos de la oposición consideran que la PNL, a pesar de mostrar su apoyo, tiene "trampa". Así, el portavoz del Grupo Mixto y coordinador de IU en la Comunidad, José María González, ha incidido en que este tipo de propuestas lo único que hacen es poner "parches" para seguir andando pero no atajan el problema fundamental de quienes "van a ser lanzados fuera de sus viviendas".

Por ello, ha instado a "dar un paso más" y llegar a buscar soluciones reales antes de que acabe el periodo de sesiones porque considera que las medidas tienen que ser "más serias" y "penalizar" a bancos y promotores que tienen miles de viviendas vacías y no las ponen a disposición de la gente, a quienes aboga por expropiar temporalmente.

Por su parte, la viceportavoz del Grupo Socialista, Ana Redondo, también ha manifestado su apoyo pero también considera que la PNL tiene "truco" porque aunque refleja un respaldo a acuerdos alcanzados en el marco del Diálogo Social, considera que hay que tener claro lo que se recoge en la misma, que ha su juicio es un reconocimiento de que las medidas puestas en marcha por la Junta han sido insuficientes en la lucha contra los desahucios, algo que ha aplicado a todos los puntos del texto.

Como uno de los ejemplos, en relación a la adhesión al Fondo Social de Viviendas por parte de los ayuntamientos, la procuradora ha puesto como ejemplo que en Castilla y León cuente con 70 viviendas incluidas en el mismo, cuando sólo en la zona leonesa de Laciana los expedientes de mineros en procesos de desahucio es de 69.

En este sentido, ha señalado que el Fondo es "claramente insuficiente" pero además ha incidido en que no se trata de un problema de los ayuntamientos, sino de las entidades financieras, que prefieren el banco malo al fondo.

Otras dos pnl

En cuanto a las PNL presentadas por el Grupo Socialista y Grupo Mixto, ambas abogaban por una expropiación similar a la que se ha aprobado en Andalucía, aunque mientras los primeros establecían para su aprobación un Decreto-Ley, la segunda proponía hacerlo por ley, por lo que ambos grupos han coincidido en el fondo del texto presentado pero no en la forma de sacar adelante la medida, por lo que se han apoyado algunos apartados, algo que también ha hecho el PP.

Durante su intervención, Ana Redondo ha manifestado que su Grupo compartía el 90 por ciento de la PNL de IU en cuanto al fondo, pero no el procedimiento y ha justificado su propuesta de utilizar un Decreto-Ley para establecer que la Junta pudiera expropiar por la urgencia de la situación.

Por su parte, José María González ha rechazado modificar este aspecto y ha insistido en su proposición, en cuya defensa ha alegado que "expropiar no es robar", que es lo que a su juicio hacen los bancos cuando privan a los ciudadanos del derecho a una vivienda.

En sendos debates, los procuradores del PP han rechazado cualquier medida que suponga las expropiaciones y han criticado al PSOE, en un primer momento Daniel Sobrados, quien ha acusado a los grupos de hacer política con base en el "oportunismo, demagogia y populismo" y ha censurado las veces que los socialistas votaron en contra de acciones contra los desahucios, lo que ha supuesto una respuesta de Ana Redondo que ha criticado estos ataques mientras se negociaba un texto consensuado de otra PNL.

Por otra parte, en el debate del texto presentado por el Grupo Mixto, María de las Mercedes Alzola ha atribuido a la "insensibilidad" del PSOE el hecho de que se haya llegado a este "drama" y ha censurado que parezca que en Andalucía se haya dado con la "fórmula mágica" para solucionar el problema.