El Grupo Parlamentario Popular ha pedido este miércoles a socialistas y regionalistas que "no pongan trabas" a la tramitación del proyecto de ley de derribos, de forma que se realice "de la manera más rápida posible", y que valoren que, apoyando esta iniciativa, "no están apoyando al Gobierno" sino a los afectados por las sentencias. Y es que tanto el PP como los afectados quieren "un acuerdo unánime" que permita alcanzar "una solución definitiva".

Así lo ha manifestado en rueda de prensa el diputado 'popular' Íñigo Fernández, quien ha subrayado que si hay una ley que "exija urgencia" es la de derribos.

En este sentido ha valorado la "celeridad" de la respuesta del Gobierno ante la sentencia del Tribunal Constitucional que considera inconstitucionales algunos preceptos de la Ley de Derribos, ya que en diez días ha sido capaz de ofrecer un "texto nuevo con medidas y garantías jurídicas". Y lo que demuestra, ha continuado, que "la solución del problema" o "encauzar" el mismo es una de las prioridades del Ejecutivo.

Por eso los 'populares' esperan que, una vez el proyecto de ley entre en el Parlamento probablemente el próximo viernes tras su aprobación este jueves por el Consejo de Gobierno, la tramitación se complete "con la misma rapidez y celeridad" con que ha obrado el Ejecutivo, puesto que en su opinión "no sería asumible" que la Cámara demorara el debate parlamentario y la aprobación de la ley "más tiempo del debido". "Si el Gobierno obra con celeridad, el Parlamento debe hacerlo igual", ha defendido Fernández.

Al respecto, ha pedido a los grupos de la oposición un acuerdo para que el proyecto de ley pueda tramitarse con carácter de urgencia (a lo que los grupos se oponen) y por el procedimiento de lectura única con el fin de "acortar en todo lo posible los plazos legales".

Al hilo, ha recordado que el PP podría aprobar la ley con su mayoría absoluta pero lo que quiere, al igual que los afectados, es "un acuerdo unánime". "Vamos a trabajar para eso porque creemos que es lo mejor para la solución del problema y porque lo demandan los afectados", ha señalado el diputado, que ha enfatizado que las 600 familias implicadas no quieren que este asunto se convierta en "motivo de debate o discrepancia política", sino "un acuerdo unánime para alcanzar una solución definitiva".

Así, Fernández ha reiterado que no solicita el apoyo de la oposición al Ejecutivo sino a los afectados. "No pedimos un cheque en blanco al Gobierno sino respaldo a los afectados porque han estado sufriendo mucho y pagando por una situación injusta de la que no son responsables", sino las administraciones, a las que se debe exigir una solución al problema. "Y en esa búsqueda de soluciones queremos implicar a los grupos de la oposición, porque esa solución debemos facilitarla entre todos".

Una oposición a la que ha reprochado que no dio la cara frente a los afectados durante su etapa de Gobierno, como sí ha hecho el presidente, Ignacio Diego, que el mismo sábado que presentó el proyecto a socialistas y regionalistas se trasladó a Argoños para informar a los afectados que estaban reunidos en asamblea. "Este Gobierno está con los afectados y da la cara", mientras que ni el anterior presidente, Miguel Ángel Revilla, y ninguno de sus consejeros participó en este tipo de asambleas, ha reprochado el parlamentario.

Ejercicio de competencias autonómicas

Por otra parte, Fernández ha subrayado que con este proyecto de ley Cantabria "ejerce sus competencias en materia urbanística" y "no debe haber ninguna duda" en cuanto a la legalidad de los pasos que se proponen.

En alusión a las cautelas expresadas por la oposición respecto a la legalidad del proyecto, el diputado ha reconocido que se trata de una cuestión jurídicamente compleja pero ha asegurado que el texto cuenta con los informes favorables de los Servicios Jurídicos del Gobierno.

"Si el Tribunal Constitucional anula algunos preceptos porque Cantabria se ha excedido en el ejercicio de sus competencias, ahora todas las iniciativas del proyecto de ley figuran dentro del catálogo de competencias exclusivas de la comunidad autónoma", como son las relativas a urbanismo, por lo que "no tienen porqué generar ninguna duda a jueces, magistrados ni Tribunal Constitucional", ha afirmado.