La responsable de Política Social del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Rosique denuncia que la Consejería de Sanidad y Política Social denegó el pasado año 2012, la mitad de las solicitudes presentadas para acceder a la Renta Básica, "algo más que preocupante".

En opinión de la diputada socialista, "resulta muy sorprendente que la Consejería rechace cientos de solicitudes de Renta Básica, cuando vienen informadas favorablemente desde los Servicios Sociales de los ayuntamientos, que son los encargados de estudiar la situación de los demandantes y tramitar su solicitud, una vez comprobado que cumplen todos los requisitos que la Ley exige".

Al hilo, ha explicado que la consejera de Sanidad y Política Social ha contestado por escrito a una pregunta presentada por el Grupo Parlamentario Socialista sobre Renta Básica. En dicha respuesta, de fecha 15 de abril, dice que en 2012 se presentaron 3.533 solicitudes y de ellas se desestimaron 1748, prácticamente la mitad; se concedieron 490 y 844 se han resuelto favorablemente entre enero y febrero; quedando por resolver 451.

Teresa Rosique ha indicado que la respuesta de la consejera pone de manifiesto "la tardanza en resolver los expedientes cuando la Ley de Renta Básica establece un plazo máximo de dos meses, máxime cuando estamos hablando de personas que carecen de recursos para subsistir".

Así como que "menos del 14% de las solicitudes fueron resueltas en 2012, quedando pendientes a finales de ese año 1.295, de las cuales, el 13% estaban todavía sin resolver a mediados de abril", ha añadido.

"El problema para 2013 es que la Consejería dice que ha agotado ya la partida de 5 millones de euros y se niega a ampliarla, tal y como les posibilita la Ley de Presupuestos Regionales, con lo que cierran el paso a nuevas solicitudes e impiden a miles de personas acceder al derecho que les otorga la Ley".

De esta manera, ha apuntado, "el Gobierno regional sigue incumpliendo la Ley de Renta Básica que le obliga a presupuestar el dinero necesario para garantizar unos recursos mínimos a todas las personas que carecen de ellos".

Otro aspecto de la Ley que incumple el Gobierno regional es, según la diputada, el referente a la cuantía de la prestación, ya que el mínimo está fijado en el 75 por ciento del IPREM y a los beneficiarios de la misma les pagan 100 euros menos.

"El Gobierno regional viene mostrando una actitud despótica con este tema, desoyendo incluso la moción presentada por el Grupo parlamentario Socialista y aprobada en 2011 por unanimidad en la Asamblea Regional".

Asimismo incumple las resoluciones aprobadas en los sucesivos debates del Estado de la Región, reclamación de sindicatos, CES, trabajadores sociales de servicios municipales y autonómicos, Colegio de Trabajo Social y Red de Lucha contra la Pobreza. Todos ellos reclaman al Gobierno regional la aprobación del reglamento que desarrolla la Ley de Renta Básica y que sigue sin aprobar.

Rosique ha recordado que la actuación del Gobierno regional con la Renta Básica originó también en su día, una queja del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia y ahora la Defensora del Pueblo de España ha abierto diligencias como consecuencia de la denuncia formulada por el Colegio de Trabajo Social.

Palacios comparezca en la asamblea

En este sentido, Rosique ha afirmado que el número de personas que reciben la renta Básica en la Comunidad Autónoma es cinco veces inferior al de la media nacional y estamos también por debajo de la media en la cuantía real que se percibe.

En la Región de Murcia, los índices de pobreza nos sitúan 10 puntos por encima de la media nacional y muy lejos del 17 por ciento que se marcó como objetivo el Plan Estratégico de la Región de Murcia, ha señalado.

Unos índices, ha advertido la parlamentaria socialista, "que se irán incrementando como consecuencia del aumento de parados y el agotamiento de las prestaciones por desempleo".

Por lo que el Grupo Parlamentario Socialista considera imprescindible que la consejera de Sanidad y Política Social comparezca en la Asamblea Regional, "y dé explicaciones de estos inaceptables e injustos incumplimientos que afectan a miles de personas que carecen de recursos para subsistir".