El Gobierno de Cantabria debe a sus proveedores 13,8 millones de euros en intereses de demora generados en 2012, según un informe elaborado por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, que destaca que la región es la tercera que menos deuda tiene por este concepto.

Las Administraciones Públicas adeudan un total de 1.366 millones de euros en intereses de demora generados por la deuda con sus proveedores en 2012. Las comunidades autónomas deben 742 millones de euros, mientras que la administración local adeuda 189 millones y el Estado, 189 millones de euros.

Las regiones que encabezan el ranking son Cataluña (140 millones de euros, el 18,8% del total), Madrid (111 millones), Andalucía (105 millones) y Comunidad Valenciana (88 millones). En el lado opuesto se sitúan La Rioja (0,7%), Navarra (1,7%) y Cantabria, con el 1,9% de la deuda.

A pesar del nivel de deuda, toda empresa o autónomo que se acoja al futuro plan de proveedores que se formalizará en pocos días tendrá que renunciar a los intereses de demora, aunque podrá cobrar con celeridad sus facturas gracias al pago del Estado.

Según la Plataforma, el nuevo plan de pago a proveedores contemplará las deudas del año en curso, una de sus mayores reivindicaciones, lo que dará liquidez inmediata a empresas, trabajadores por cuenta propia y pequeñas y medianas empresas.

El presidente de la Plataforma, Antoni Cañete, ha felicitado al Gobierno por el nuevo plan, ya que supone un "éxito sin precedentes" que marca "un antes y un después" en la lucha contra la morosidad. De la misma forma, ha aplaudido el compromiso del Gobierno para que todas las administraciones paguen en 30 días.

Aún así, la entidad trabaja en enmiendas para que el plazo de pago máximo aplicable no exceda de 60 días, para acabar con el trato de favor al comercio minorista y para que las partes no puedan determinar libremente los plazos de pago.

Además, sigue apostando por la creación de un régimen sancionador que normalice los pagos entre compañías con multas ejemplarizantes de hasta 900.000 euros, la implantación de medidas no coercitivas de intermediación extrajudicial como la figura del mediador y la generalización de la medida del IVA a todos los tipos de pymes y autónomos sin excepción, entre otras cosas.