El diputado socialista Juan Guimerans ha acusado este martes al presidente del Gobierno regional, Ignacio Diego, de "engañar a los cántabros" en relación al fracking, y le ha pedido que exija al Gobierno central la paralización inmediata de los trámites del permiso Luena.

Guimerans ha reprochado a Diego sus declaraciones del pasado 29 de abril, en las que afirmó que la Ley del Fracking de Cantabria prohíbe el uso de esta técnica extractiva, pero no la realización de estudios geológicos ni los sondeos aparejada a unos permisos de investigación que están "vigentes", y añadió que el Gobierno exigirá a Repsol que contrate a la Universidad si quiere continuar realizando estudios geológicos y sondeos en Cantabria para la localización de gas no convencional en el marco del permiso Luena.

El diputado socialista recalcó que la ley aprobada por unanimidad por el Parlamento de Cantabria prohíbe el fracking también para las actividades de investigación y para los permisos ya concedidos o en tramitación, y se preguntó "dónde queda la promesa del PP de que Cantabria sería territorio libre de fracking". "Por tanto, este que es el Gobierno de la transparencia ha engañado una vez más a los cántabros, no ha defendido los intereses que decía defender y se ha plegado -ha dicho- a los intereses" del Gobierno central.

Guimerans ha denunciado que la "última pirueta esperpéntica" en este tema ha sido la "ocurrencia" de Diego de "involucrar" a la Universidad, y ha considerado "indignante, rozando lo perverso, parapetarse en una institución a la que el Gobierno maltrata, a la que recorta sus presupuestos, a la que impide desarrollar sus proyectos de investigación y a la que no tiene empacho en criticar cuando sus estudios y dictámenes no coinciden con su opinión, como fue en el caso del proyecto eólico".

"Lo que resulta todavía más indignante y ridículo es que lo haga sin contar con la universidad", ha añadido el parlamentario socialista, quien ha señalado que el rector, José Carlos Gómez Sal, "se ha visto obligado a desmentir públicamente que se haya solicitado la colaboración de la UC en el tema del fracking o el permiso Luena".

Proposición no de ley

Por todo ello, el PSOE ha registrado una proposición no de ley en la que insta al Gobierno de Cantabria a que exija al Gobierno de España la paralización inmediata de los trámites del permiso Luena. Guimerans ha dicho que el Grupo Socialista, "expectante" por conocer el posicionamiento del PP, "no está dispuesto a participar en este sainete ridículo" y solicitará "contundentemente" al Gobierno regional que paralice el fracking en Cantabria.

El parlamentario recordó que durante la tramitación de la ley que prohíbe el fracking en Cantabria, en vigor desde el pasado 26 de abril, el PSOE "ya advirtió del engaño y la estafa que podía suponer esta norma si el PP no exigía una moratoria a nivel nacional".

Añadió que el consejero de Medio Ambiente, Javier Fernández, el portavoz parlamentario del PP en esta materia, Iñigo Fernández, y el propio Diego "exigieron que los socialistas pidiéramos perdón por cumplir la Ley de Hidrocarburos". "Les devolvemos la pregunta: ¿quién va a pedir perdón a los cántabros por que su territorio vaya a ser utilizado para la técnica del fracking?, ¿van a pedir perdón al Parlamento por legislar sobre una materia a sabiendas de la inutilidad de lo legislado?", afirmó.

Guimerans recordó que al día siguiente de la aprobación de la Ley en Cantabria, el ministro de Industria, José Manuel Soria, afirmó que la modificación de la Ley de Hidrocarburos incorporará el fracking, será legislación básica del Estado y por tanto, será de aplicación en todo el territorio nacional.

Añadió que cuando esa modificación llegue a las Cortes, los diputados y senadores del PP por Cantabria "votarán a favor del fracking, también en Cantabria, y en contra de lo que dicen sus representados", incluida -dijo- la senadora autonómica y diputada regional Tamara González, que "directamente se ha declarado en rebeldía y vota en Madrid lo contrario que el PP vota en Cantabria".

Guimerans recordó que la senadora autonómica no es elegida por los ciudadanos sino por el Parlamento de Cantabria, que se ha pronunciado por unanimidad contra el fracking.