La Consejería de Fomento y Vivienda ha abierto expedientes sancionadores a un total de 43 vehículos por realizar servicios de transporte público de viajeros sin autorización, conocidos comúnmente por taxis 'piratas', durante los tres primeros meses de 2013, con multas que van desde los 1.501 hasta los 4.601 euros.

Durante todo el año 2012 se abrieron un total de 118 expedientes de este tipo en las distintas provincias andaluzas, por lo que se acumulan en total 161 casos tramitados en la labor inspectora para luchar contra el intrusismo en el sector, según ha informado la Consejería en un comunicado.

Por provincias, Málaga concentra el mayor número de sanciones registradas, un total de 48. En Almería y Cádiz se han abierto 34 expedientes, respectivamente; en Sevilla 19, en Huelva 15, en Jaén siete y en Granada cuatro. Córdoba es la única en la que no se ha registrado ni una sanción de este tipo en 15 meses

Las sanciones están cuantificadas en 1.501 euros cada una, pero en caso de reincidencia o especial gravedad de la infracción, por la magnitud del beneficio ilícitamente obtenido, el perjuicio causado o la repercusión social la infracción puede castigarse con una cuantía de 4.601 euros. De hecho, de los 161 expedientes tramitados desde 2012, en 78 se aplicó la multa máxima y en 83 se penalizó la infracción con la sanción más leve.

Este tipo de castigos suele ir acompañado, tal y como establece la actual Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT), de ámbito y competencia estatal, del precinto del vehículo infractor, aunque esta medida no puede llevarse a cabo hasta la tramitación completa del expediente y debe ser ejecutada por la Subdelegación del Gobierno.

Norma de inmovilización del vehículo

Desde Fomento y Vivienda han resaltado que, dado el carácter diferido de dicha sanción y la dificultad que conlleva localizar al infractor y el vehículo una vez que ha concluido el procedimiento, se está trabajando conjuntamente con los taxistas para aplicar en la comunidad una norma que permita la inmovilización del turismo en el mismo momento en el que se detecta el acto ilícito.

No obstante, al ser la normativa que establece estas sanciones una ley estatal, subrayan que el Gobierno autonómico no puede introducir cambios en su corpus legal. Por ello, el texto que se está redactando se incluirá como modificación de la Ley 2/2003 de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, de carácter autonómico.

Con esa iniciativa, se pretende articular medidas más ágiles y eficaces contra las prácticas piratas que se detectan en este ámbito del transporte.

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