El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, ha afirmado este viernes que su intención es afrontar el problema de las sentencias de derribo con el "ánimo de evitar que se derribe una vivienda" para evitar "males futuros", y ha advertido que indemnizar con entre 200 y 300 millones a los afectados, según la propia estimación de éstos, "hundiría la economía de Cantabria, sin más".

Un pago, ha insistido, que supondría "la quiebra de las finanzas de la comunidad autónoma", aunque ha asegurado que "habrá indemnizaciones", de las que serán "corresponsables" Gobierno y ayuntamiento afectado, cuando, en el marco legal vigente, el derribo de las viviendas "no se pueda evitar".

Diego se ha pronunciado así a preguntas de la prensa sobre el acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado este jueves para el inicio inmediato de los expedientes de responsabilidad patrimonial para indemnizar a los afectados por sentencias de derribo.