El Gobierno de Venezuela ratificó el jueves que quedan sin efecto los compromisos recogidos en el acuerdo suscrito con varios etarras residentes en ese país, por el que se indemnizaría a dos miembros de la banda terrorista expulsados en 2002 y se agilizaría la concesión de la nacionalidad a otros cuatro.

En un comunicado hecho público por la Embajada de Venezuela en España, el Ejecutivo del país sudamericano reitera que "desconocía íntegramente el contenido del acuerdo amistoso suscrito, sin la debida consulta, entre funcionarios del Estado y ciudadanos españoles".

Las relaciones con España "constituyen una prioridad en la política exterior de la República Bolivariana de Venezuela", añade el Gobierno de Hugo Chávez, para asegurar que mantiene su disposición "a la consulta y al diálogo permanente como mecanismos para el entendimiento y fortalecimiento de las mismas".

El acuerdo que ahora se desautoriza se alcanzó el pasado mes de junio, después de que los dos etarras expulsados a España, Sebastián Etxaniz y Juan Víctor Galarza, presentaran una reclamación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Tras hacerse público el miércoles el contenido de los acuerdos, el embajador de España en Caracas, Raúl Morodo, se reunió con el ministro venezolano de Exteriores, Nicolás Maduro, quien le informó de que las autoridades de su país "desautorizaban" el contenido de los pactos, por lo que no se indemnizaría a los etarras ni se les concedería la nacionalidad.

Según informaron fuentes diplomáticas, el embajador de Venezuela en Madrid, Arévalo Méndez, se reunirá el viernes a las 13.00 horas con el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, para ofrecerle las explicaciones oportunas.

El abogado de los etarras recurrirá

Marino Alvarado, el abogado de los dos etarras expulsados de Venezuela en 2002, aseguró en Caracas que si el Gobierno de ese país "no cumple el acuerdo amistoso" elevará la causa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Según explicó, el acuerdo fue "homologado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 8 de noviembre". En él, aseguró, las autoridades venezolanas reconocían que "las deportaciones (de los dos etarras) fueron ilegales y arbitrarias", por lo que se les indemnizaría con unos 330.000 euros.