El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Gijón, Rafael Felgueroso (Foro), ha explicado este martes que el edil no electo Andrés Avelino García Prieto realiza "múltiples y variados" y les es "de gran ayuda" a los miembros del Gobierno Local, aunque ha dejado claro que actuarán dentro de la legalidad, una vez que conozcan el contenido en detalle de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC).

Felgueroso se ha referido así al fallo del TC que anula un artículo de la Ley de Grandes Ciudades por el que se permitía que personas formen parte de la Junta de Gobierno como concejales no electos. Ahora la sentencia rechaza esa posibilidad, aunque respeta los acuerdos alcanzados hasta la fecha.

En este sentido, ha resaltado que, a diferencia de otros Ayuntamientos, García Prieto no tiene competencias delegadas por la Alcaldía. Entre las tareas que realiza, ha citado labores de asesoramiento y se encarga del tema de la publicidad. Además, ha incidido en que complementa el trabajo que se realiza desde las distintas Concejalías. En todo caso, ha dejado claro que percibe solo dietas por la asistencia a las sesiones de la Junta de Gobierno.

También ha llamado la atención sobre las contradicciones de las informaciones aparecidas hasta ahora, ya que la sentencia todavía no ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por lo que no conoce su fundamentación jurídica. Sobre este tema, ha indicado que hasta que no se sepa la citada fundamentación jurídica y su alcance, no se va a tomar una decisión.

Ha apuntado, asimismo, que contra la sentencia solo cabe acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aunque solo las partes litigantes. Además, ha diferenciado el caso de Gijón del de otros Consistorios, donde hubo renuncias de estos ediles no electos porque tenían competencias delegadas y ahí sí podría haber problemas con los acuerdos que adapte esa persona.

"metido en todos los saraos"

Por parte de la oposición, el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Gijón, Santiago Martínez Argüelles, ha confiado en que, tras la sentencia del TC, a ver sí se hace público qué ha hecho García Prieto estos casi dos años, ya que no consiguieron ninguna explicación en este tiempo pese a haberla pedido.

Según él, "está metido en todos los saraos" que se ha organizado el Ayuntamiento, sin que tampoco se conozcan sus retribuciones, además de mostrar sus dudas de si tal vez exista también un problema de incompatibilidades de por medio. En todo caso, ha incidido en que no puede llamarse concejal, aunque se podrá llamar de otra forma, al tiempo que ha señalado que habrá que ver qué otras cosas dice la sentencia.

Uso torticero de la ley

El PP, por su lado, el portavoz municipal, Manuel Pecharromán, ha asegurado a este respecto que Gijón ha sido el único Ayuntamiento de toda España en el que se ha utilizado "torticeramente" la Ley para incluir un nuevo miembro en la Junta de Gobierno, sin ningún tipo de delegación.

En este sentido, ha recalcado que la alcaldesa, Carmen Moriyón, ha interpretado la Ley "a su antojo para colocar a un amigo personal, sin ninguna experiencia en la gestión municipal, sin que se sepa qué funciones tiene atribuidas ni cuál es su papel en el gobierno local".

Unido a ello, ha recriminado a foro su "política de contratación de gestores", pese a haber anunciando en su llegada a la Alcaldía que iba a acabar con las prebendas políticas. "Continúa la estela de nombramientos a dedo del PSOE, un partido que en Gijón se significó por las colocaciones de familiares y amigos", ha lamentado.

Dicho esto, ha dejado claro que el PP defiende que en el Ayuntamiento y en los organismos municipales se contraten a gestores de avalada trayectoria que mejoren la eficiencia de los servicios y la utilización del dinero público. "En Gijón contamos con un personal municipal de alta cualificación que debemos aprovechar y que Foro debería tener en cuenta", ha remarcado.

Poner sensatez

En cuanto a IU-LV, el portavoz, Jorge Espina, ha querido saber qué funciones ejerce García Prieto y si va a seguir haciéndolo una vez conocida la sentencia del TC, así como si va a seguir cobrando del Ayuntamiento. Si es así, ha incidido en que el Consistorio gijonés viviría una situación "de excepcionalidad democrática", especialmente después de pregonar Foro su política de austeridad y recorte de cargos de confianza.

También ha reprochado que este edil no electo tiene un conocimiento más exhaustivo de la vida municipal que los concejales elegidos democráticamente de los grupos de la oposición, por lo que se ha alegrado de que el TC haya puesto "sensatez a una situación incomprensible desde el punto de vista democrático".