El grupo parlamentario socialista ha asegurado este lunes que el acuerdo para que el Gobierno regional alquile el edificio de Apia XXI en el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN), en Santander, incluye la cesión por parte de esta empresa de las acciones que posee de las compañías Acorde e Ibermar, lo que supondría que el Ejecutivo regional se convertiría en accionista mayoritario de ambas y pasarían, según los socialistas, a formar parte del entramado de empresas públicas regional.

Así lo ha afirmado en el Pleno del Parlamento regional el diputado socialista Juan Guimerans, que ha opinado que esto supone una "auténtica incongruencia" cuando se ha despedido recientemente a trabajadores de las empresas públicas ya existentes, en varios casos a través de expedientes de regulación de empleo (ERE).

Además, Guimerans se ha preguntado si se tratan de empresas saneadas con posibilidades de convertirse en la "joya de la Corona" del entramado público y también si existen estudios jurídicos del Gobierno de Cantabria al respecto.

En este sentido, el socialista se ha quejado de que el Ejecutivo regional no le haya remitido, tal y como solicitó el PSOE el pasado 4 de abril, el informe económico-jurídico que ha avalado la decisión del Gobierno de Cantabria de alquilar el edificio de Apia y tampoco el contrato de la empresa.

También, el socialista ha insistido en su postura de que el PCTCAN siga siendo un espacio para la instalación de empresas de base tecnológica y no para trasladar sedes del Gobierno, poniendo, a su juicio, en riesgo un espacio que puede dar a Cantabria "posibilidades de futuro".

En relación al acuerdo entre el Gobierno de Cantabria y APIA, el PSOE se ha preguntado cuántas ofertas ha habido, dada la situación del mercado inmobiliario, por el edificio de Apia para haber accedido a pagar el "maravilloso precio" —ha dicho irónicamente— de 831.000 euros anuales. Así, ha opinado que, si no había ninguna, el Gobierno ha "regalado" el dinero.

En este sentido, la regionalista Alodia Blanco también ha censurado el precio del alquiler dado que la ubicación de la sede de Apia está, a su juicio, el "extrarradio".

Blanco ha considerado que la decisión del Ejecutivo regional es "desafortunada" e, incluso, ha avisado de que puede tener "graves perjucios" para las empresas allí instaladas ya que, según ha dicho, pueden "perdir" las subvenciones recibidas del Estado y de la UE por incumplimiento de los requisitos del Proyecto Singular de Interés Regional del PCTCAN,.

La regionalista ha señalado que hay "otros usos" para el edificio de Apia, como, según ha propuesto cederlo a la Universidad de Cantabria para proyectos de investigación o al Centro Internacional Santander Emprendimiento.

Además, se ha referido a la "manifiesta amistad" de los dueños de Apia con el Gobierno de Cantabria y ha hecho alusión a la posibilidad de que el Ejecutivo regional esté permitiendo a la empresa "hacer negocio".

El PRC ha presentado una moción para instar al Ejecutivo regional a desistir del traslado de sus sedes administrativas al edificio de Apia, preservando los usos para los que fue concebido el parque científico y tecnológico contemplados en el PSIR aprobado, que ha sido rechazada con el voto en contra del PP y el apoyo de regionalistas y socialistas.

"gran negociación"

En contraposición a lo afirmado por la oposición, la diputada del PP María Antonia Cortabitarte ha opinado que lo que ha hecho el Ejecutivo regional ha sido una "gran negociación" para arreglar uno de los "desaguisados" del anterior Gobierno de Cantabria al firmar con algunas de las empresas del PCTCAN una cláusula de recompra de los terrenos y de las edificaciones.

Según ha señalado, el alquiler que el Gobierno de Cantabria va a pagar por la antigua sede de Apia es menos que los 23 millones de euros a los que, a su juicio, habría que haber hecho frente si Apia exigiese al Ejecutivo regional que se ejecute la opción de recompra firmada.

Por otra parte, Cortabitarte ha instado a la oposición a "no buscar fantasmas donde no los hay" y, ante una exclamación del exconsejero de Cultura, Turismo y Deporte Javier López Marcano (PRC) al oír este comentario, la 'popular' ha aseverado que en Cantur sí hay "muchos".

Además, ha negado que haya riesgo para las empresas de perder las subvenciones recibidas y ha asegurado que hay informes que avalan que no existe este riesgo.