Unos 350 afectados por la Ley de Montes de Utilidad Pública de Cantabria, según la organización, se han concentrado este lunes, desde las doce del mediodía, ante la sede del Gobierno para pedir que se respete la "propiedad privada" de las parcelas, que "debería ser sagrada".

Con esta concentración, que se ha prolongado hasta las dos de la tarde, los afectados han concluido la marcha de protesta que iniciaron el pasado viernes desde Voto con destino a sede del Ejecutivo (64 kilómetros), donde pretendían entregar una carta al presidente, Ignacio Diego, que no se encontraba en el lugar, por lo que se la han dejado a su jefe de Gabinete, Arsenio de la Vega.

Los afectados partieron esta mañana de Peñacastillo con destino a Santander, cortando la circulación de tráfico a su paso y portando pancartas en las que pedían la dimisión del director general de Montes y Conservación de la Naturaleza, Francisco Javier Manrique, y a Diego que "de la cara".

La comitiva, encabezada por un pony que tiraba de un pequeño carro y secundada por afectados ataviados con chalecos reflectantes y cencerros, ha llegado a la sede de Peñaherbosa pasadas las doce del mediodía, donde su portavoz, Javier Rugama, ha explicado a los congregados que su intención era entregar la carta a Diego pero se encontraba en una inauguración, anuncio que ha sido recibido con una campanada de los asistentes, que han colgado unos chorizos de la verja de entrada del Gobierno.

"Es mucha casualidad que sabía que veníamos y no esté.... Todo es importante pero esto importa a toda la región porque es el revulsivo que va a sacar a Cantabria de la crisis: la gente tiene que plantearse volver al campo y a explotar los montes y los terrenos. No veo otra salida para el número de parados de Cantabria", ha considerado.

Rugama también ha subrayado que lo que pretenden es "que lo que era de nuestros padres, sea nuestro y después de nuestros hijos". Y es que, en declaraciones posteriores a la prensa, ha denunciado que "nos están llamado casi ladrones de parcelas" cuando "en 80 años no ha ocurrido esto".

En relación a la intención del presidente, que ha vuelto a manifestar este lunes, de analizar cada caso individualmente, el portavoz de los afectados considera que "es meterse en un laberinto del que no puede salir el Gobierno" porque se trata de entre 15.000 y 20.000 parcelas con 700 propietarios.

"Si en dos años ha resuelto 30 casos, a ver cómo resuelve 20.000", se ha preguntado Rugama, para quien "hay que dar a documentos iguales el mismo tratamiento" porque además el Gobierno "no tiene ni medios ni personal" para tratar cada caso individualizadamente. "Es una cosa de locos", ha apostillado.

El portavoz ha recordado que con esta la marcha, que se decidió en febrero, se pretende denunciar el "cambio de rumbo" de la política del Gobierno para solucionar los problemas de los afectados por la Ley de Montes, que considera "un error".

"Después de dos años de Gobierno, colgarse la medalla casi de oro de que ha solucionado una treintena de casos cuando hay 7.000 afectados, hace un poco de risa", ha considerado, al tiempo que ha pedido a Diego un "cambio de rumbo" y que reconozca la "documentación válida" al menos hasta 2003, porque es "obligación del Gobierno" dar seguridad jurídica a todos los afectados.

Rugama ha advertido que el colectivo (integrado por gentes de 45 ayuntamientos con montes de utilidad pública como Voto, Soba, Ampuero, Cartes, Viérnoles o Valdáliga) seguirá "protestando acto sí, acto no, donde vaya el Gobierno".

Cambio en la constitución

Respecto a las declaraciones del Gobierno de que sería necesario modificar la Constitución para resolver el problema, Rugama ha contestado que para la reforma laboral no ha habido que cambiarla y eso que afecta a "millones de personas".

En su opinión, resolver el problema pasa porque el Gobierno "aplique la ley" que "permite desafectar cualquier parcela con el informe favorable del Servicio de Montes".

La cuestión es que "o en Montes no ponen a la persona indicada" (en alusión a Manrique), "o no quieren hacer informes favorables para desafectar parcelas".

"Pueden desafectar cualquier parte del monte, tienen plena potestad (el Gobierno), pero para eso tienen que tener voluntad", ha concluido.