El Gobierno extremeño valora el nuevo objetivo de déficit porque le permitirá "reforzar" las políticas de empleo

El Gobierno de Extremadura ha expresado este viernes que considera "correcta" la subida del objetivo del déficit del 0.7% al 1.2% por parte del Gobierno de España, porque, según ha dicho, supondrá una "mayor capacidad de gasto" con la que el Ejecutivo regional podrá "reforzar" sus políticas activas de empleo.

El Gobierno de Extremadura ha expresado este viernes que considera "correcta" la subida del objetivo del déficit del 0.7% al 1.2% por parte del Gobierno de España, porque, según ha dicho, supondrá una "mayor capacidad de gasto" con la que el Ejecutivo regional podrá "reforzar" sus políticas activas de empleo.

Según ha recordado el Ejecutivo regional en una nota de prensa, Extremadura aprobó para 2013 "el primer y único presupuesto expansivo del país en base a la previsión del cumplimiento del déficit del 0.7% del PIB regional".

Así, ha dicho que, la "mejora" de esas previsiones supone "un soplo de aire" para "continuar reforzando con más intensidad las políticas de crecimiento de la región".

En este sentido, ha dicho que estos nuevos recursos se "integrarán" dentro de la Estrategia de Crecimiento de la Economía extremeña puesta en marcha por el Gobierno de Extremadura tras la consolidación fiscal, "que ha situado a Extremadura como la región con menor déficit del país".

No obstante, el Ejecutivo extremeño ha aseverado que "se mantiene en contra" de que el Gobierno de España fije un déficit "diferenciado" para cada comunidad autónoma, sobre lo que ha defendido que es "imprescindible" la estabilidad presupuestaria para generar crecimiento económico y, tras él, "creación de empleo".

Impuesto depósitos bancarios

En relación al impuesto de depósitos bancarios estatal, el Gobierno de Extremadura "valora de forma positiva" la subida del tipo de gravamen, y la disposición del gobierno de España de recaudar 250 millones de euros a través de este impuesto.

Así, recuerda que Extremadura tiene blindada la compensación económica por parte del Gobierno de España derivada del impuesto de depósitos bancarios regional que quedó en suspenso como consecuencia de la aplicación del estatal.

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