La plantilla de Mercasevilla, la sociedad gestora del mercado central de abastos, ha celebrado este viernes una nueva manifestación a las puertas del Ayuntamiento hispalense, a cuenta de la liberalización de los servicios que la plantilla presta en la lonja de pescado, extremo traducido en un nuevo y futuro expediente de regulación de empleo (ERE) sobre casi la mitad de los trabajadores. Para financiar el procedimiento y sus consecuentes despidos, aún en ciernes, Mercasevilla prepara una nueva ampliación de capital.

Rafael Domínguez (CCOO), presidente del comité de empresa, ha informado a Europa Press de que los trabajadores han celebrado de nuevo este viernes una protesta a las puertas del Ayuntamiento, socio mayoritario de Mercasevilla, coincidiendo con el pleno ordinario de la Corporación municipal. Y es que el Consistorio ha aprobado ya de manera inicial la modificación de reglamentos necesaria para materializar en Mercasevilla la liberalización de los servicios de la lonja de pescado. La aprobación definitiva de la modificación de reglamentos, no obstante, no figuraba en el orden del día de la sesión plenaria de este viernes, aspecto que temía la plantilla.

Otra ampliación de capital

Mientras Mercasevilla ha cerrado el ejercicio 2012 con pérdidas por valor de 552.727 euros, afronta este año su segunda ampliación de capital desde 2010 y su tercer ERE en los últimos diez años.

En concreto, la empresa recurre a esta nueva ampliación de capital, en la que tendrán que participar el Ayuntamiento, la sociedad estatal Mercasa y la asociación de mayoristas de fruta, verduras y hortalizas como socios de la compañía, para reunir aproximadamente cuatro millones de euros destinados a financiar los despidos del nuevo expediente de regulación de empleo.

La perspectiva europea

Mientras en las instituciones europeas reside actualmente un expediente por un posible caso de monopolio en los servicios que Mercasevilla presta a través de su plantilla en la lonja de pescado, con su correspondiente gravamen, el Gobierno municipal del PP ha emprendido la liberalización de estos servicios bajo la premisa de que así lo exigen las regulaciones comunitarias. El comité de empresa, de su lado, niega que existan resoluciones definitivas o en firme sobre este conflicto y considera que todo deriva del compromiso político del PP con el gremio de mayoristas de pescado.