El Partido Popular de Andalucía ha recriminado este miércoles al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que no se sumase al Plan de Inclusión Social planteado por Mariano Rajoy el pasado mes de octubre y ahora le demande una reunión para plantearle una estrategia nacional contra la exclusión social.

Así lo han puesto de manifiesto durante una rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía las portavoces de Educación y Universidades de los 'populares' andaluces, Marifrán Carazo y Arancha Martín, quienes, a preguntas de los periodistas sobre esta petición de Griñán, han criticado que el presidente del Gobierno andaluz rechazara aquel Plan solo por ser una iniciativa del PP.

"Lamento profundamente que la Junta no haya hecho llegar sus aportaciones al Plan Nacional de Inclusión Social que se iba a poner en marcha", ha insistido Martín.

La 'popular' ha aprovechado la oportunidad para criticar los "reiterados incumplimientos" de la Junta en materia de atención social y ha dicho al respecto que lo que "echa en falta es que el Gobierno andaluz no haya llevado ya a cabo las medidas anunciadas" en estos años para proteger a los más vulnerables.

Medidas "demagógicas"

En ese sentido, ha alertado del "fracaso" de todas las políticas contra la exclusión social puestas en marcha por la Junta en legislaturas anteriores —como la de la Renta Básica, aún no desarrollada— y ha lamentado que las nuevas iniciativas anunciadas por Griñán no sean más que "titulares" para la prensa y con una "profunda carga demagógica".

Se refería así al decreto ley contra la exclusión social que la Junta va a poner en marcha y que, entre otras medidas, contempla garantizar que los escolares andaluces coman al menos tres veces al día en los colegios.

Según Martín, que ha precisado que "todo lo que sea ayudar a los más desprotegidos" cuenta con el apoyo de su partido, el problema de esta medida es que se anuncia desde "un profundo desconocimiento de la realidad del día a día" de los centros escolares y sin consultar además "a nadie, ni a Ayuntamientos ni a Diputaciones", algo que considera un "error".

A juicio de los 'populares', esta medida es "una campaña de marketing de PSOE-A e IULV-CA a costa de los escolares andaluces" que se ha hecho sin pensar en cómo ejecutarla, ya que, entre otras cosas, la Junta no ha aclarado qué pasa los fines de semana cuando los niños no van al colegio. "¿Es que el hambre de los niños se acaba los fines de semana?", ha preguntado.

Para Carazo, esta iniciativa intenta poner "una cortina de humo" a los "incumplimientos" de la Junta en materia educativa, donde a día de hoy, y tras nueve años desde la implantación del Plan de Apoyo a las Familias (que contempla el aula matinal, el comedor y las actividades extraescolares), tiene como resultado que "solo en el 43 por ciento de los colegios públicos existe servicio de comedor", una cifra que para el PP-A es "claramente insuficiente".

Es por ello por lo que Carazo asegura que "la Junta no puede ser ejemplo para nadie porque le persiguen sus antecedentes". Entre ellos, según ha argumentado, también están los datos de las Becas 6000 y de Segunda Oportunidad, que están llegando "a muy pocos" estudiantes y están "generando falsas expectativas entre las familias" solicitantes. Según ha expuesto, en el curso 2011-2012 la Beca 6000 solo llegó al 21% de los alumnos que la pidieron y se dejaron sin ejecutar 43,8 millones de los presupuestados para esta ayuda.

Otro "rosario de incumplimientos":

El salario social

Algo similar ocurre, según ha lamentado su compañera Martín, en la ayuda de la Junta denominada Salario Social, cada vez más demandada por los andaluces y, sin embargo, cada vez con "menos beneficiarios". La 'popular' ha dudado de que sea porque los solicitantes no cumplan los requisitos para acceder a ellas y, como ejemplo, ha dicho que en 2007 se concedieron el 83 por ciento de las mismas (siendo un año en el que la crisis aún no golpeaba con la dureza de la actualidad) y que, en 2011, por contra, este porcentaje se redujo hasta el 67,30 por ciento.

Ante ello, ha exigido al Gobierno andaluz no solo que ayude a las 31.491 familias que prevé ayudar este año (según lo estipulado en el presupuesto de 2013) sino que, además, implemente otras medidas para los más de 476.000 hogares andaluces que tienen a todos sus miembros en paro. También ha pedido que no se retrasen los pagos a las familias beneficiarias del Salario Social, ya que, según ha recordado, hasta la Defensoría del Pueblo llamó la atención sobre estas demoras que dificultaban a estas familias seguir adelante.