El alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, ha reclamado este miércoles que no se tenga a la capital cordobesa como "un convidado de piedra" en el recurso presentado por el Ayuntamiento, con el bufete de abogados de Mariano Aguayo, que el Tribunal Supremo (TS) ha decidido admitir a trámite, contra la decisión del Ministerio de Cultura de ratificar a San Sebastián como ciudad elegida para ser Capital Cultural Europea en el año 2016.

En declaraciones a los periodistas, el regidor ha comentado que aceptará "sea cual sea la decisión que se adopte por los tribunales". "La ciudad de Córdoba puso mucha ilusión, se hizo mucho esfuerzo y no nos gustó nada como terminó" el proceso, ha recordado, al tiempo que lamenta que "la justicia para ser justa uno de los problemas que tiene es precisamente que tenía que ser rápida, pero no siempre lo es".

En este sentido, destaca que se ha reclamado y demandado "siempre que se atendiera la petición de la ciudad" porque había "bastantes cosas" que no les gustaban de este procedimiento. Dicha petición "ha llegado ahora", y ante ello desde la capital cordobesa van a seguir "expectantes diciendo lo que siempre" han dicho, apostilla Nieto.

En concreto, el Supremo declara que la justicia española es competente para abordar el tema y será la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid la que finalmente resuelva si hubo o no irregularidades en el fallo, que se hizo público en el mes de junio de hace ahora dos años.

La decisión del TS va acompañada de la desestimación del recurso que presentó el Ayuntamiento de San Sebastián al entender que la jurisdicción española carece de competencia en este asunto. El Consistorio guipuzcoano tendrá que hacer pues frente al pago de las costas derivadas, que ascienden a un máximo de 600 euros.

Cabe destacar que el despacho de Mariano Aguayo se ofreció de forma gratuita, apenas unos días después de que el jurado optase por San Sebastián, para defender los intereses de Córdoba y optó junto al Consistorio por presentar un recurso ante la Audiencia Nacional (AN) una vez que el Ministerio de Cultura cerró una investigación de la que dedujo que en el asunto no había ocurrido nada anómalo. Se eligió la Audiencia porque se entendía que era competente al tratarse de una decisión ministerial, pero el órgano jurisdiccional decidió en enero del pasado año declararse no competente y el caso acabó en el Supremo.

El auto de Córdoba se fundamenta en tres puntos: en el carácter político que se le atribuye a la decisión según lo explicó el presidente del jurado al argumentar el fallo, en la relación laboral que mantenía uno de los miembros del jurado con la ciudad de San Sebastián y en diversos errores de procedimiento detectados por el despacho de Mariano Aguayo.