El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, Javier Fernández, ha admitido este lunes en el Pleno del Parlamento que se están produciendo retrasos en el calendario de desarrollo del plan de actuación en materia de derribos, retrasos que ha atribuido a la modificación de los planes generales de ordenación urbana de los municipios afectados.

"Hay retraso en los calendarios pero no paralización", subrayó el consejero, quien puntualizó que el Gobierno ha podido ser "incapaz de darle un giro absoluto" a la situación que encontró en esta materia pero en estos dos años "el cambio es total", defendió.

El consejero ha señalado que el retraso en los PGOU preocupa a los afectados y al propio Gobierno ante la posible reactivación de las sentencias de derribo, ahora en suspenso, si prospera el recurso de inconstitucionalidad contra la ley regional que establece la indemnización previa a la demolición.

Ante esta incertidumbre, el Gobierno se ha comprometido con los afectados a articular antes de fin de año un mecanismo jurídico que garantice que las viviendas no serán demolidas antes de que terminen los procedimientos de legalización. El consejero ha mostrado de nuevo su convencimiento de que la modificación de los PGOUs y la concesión de nuevas licencias van a permitir legalizar "la mayoría de las viviendas".

Asimismo, ha dicho que van a trabajar con el Gobierno central para tratar de incorporar a la normativa nacional el principio de indemnización previa a la demolición y el principio de protección a los compradores de buena fé.

Así lo ha señalado en respuesta a las críticas del diputado socialista Miguel Angel Palacio, que le ha recriminado que primero dijera que "no hay atajos" y ahora los hay, a la vez que ha subrayado que "no se pueden frustrar las expectativas de los afectados una vez más". Palacio también ha criticado que las respuestas a sus preguntas hayan procedido del consejero cuando estaban dirigidas al presidente, Ignacio Diego.

Fernández le ha replicado que el Gobierno tiene una única voz, ha reiterado que "no hay atajos", que los PGOU tienen que modificarse y hacerse bien, y ha señalado que el anterior Gobierno "no inició ningún camino".

Plan de infraestructuras municipales

Por su parte, el consejero de Obras Públicas, Francisco Rodríguez Argüeso, ha negado que el plan de inversiones para infraestructuras municipales del Gobierno, dotado con 64 millones de euros, sea "sectario", como se ha denunciado desde la oposición. De hecho, ha asegurado que la mayor inversión por habitante se concentra en los ayuntamientos gobernados por regionalistas y socialistas.

Según ha dicho, la media de inversión por habitante es de "200 y pico" euros en los ayuntamientos del PRC; "100 y pico" en los del PSOE; y "sesenta y tantos euros" en los municipios del PP, que son -ha dicho- los más grandes.

El consejero ha realizado estas afirmaciones durante la respuesta a una interpelación del PSOE sobre el modelo de colaboración con los ayuntamientos para financiar inversiones de competencia municipal, una fórmula según el diputado Francisco Fernández Mañanes, de "subvención en diferido" que empezará a pagarse en 2016, en la próxima legislatura.

El parlamentario socialista acusó al consejero de "ocultar deliberadamente" el plan al Parlamento y criticó al Gobierno por "llamar a los alcaldes para negociar" una vez aprobada la orden. Añadió que pese a las críticas del PP al Plan E, el ámbito subvencionable de este plan es "exactamente el mismo", solo que el Gobierno de la Nación pagaba el 100% "en el momento" y el Gobierno de Cantabria va a pagar el 80% a partir de 2016.

El consejero ha defendido este plan como "una gran iniciativa de responsabilidad, transparencia y objetividad, para generar empleo, mantener empresas y ser sostenibles en el tiempo", de forma que "no vuelva a pasar que las deudas de la consejería la impidan invertir", ha dicho, como le ha ocurrido a él por la gestión del anterior gobierno de "invierte y corre que ya vendrán otros a pagarlo". En este sentido, aseguró que este plan de 64 millones "no hipoteca el futuro" porque "está muy bien estudiado".

Aulas de dos años

Previamente a esta interpelación, el Pleno rechazó, con los votos del PP, una proposición no de ley del PSOE que instaba al Gobierno al mantenimiento de las aulas de dos años con el modelo organizativo actual.

Tanto la exconsejera de Educación, la socialista Eva Díaz Tezanos, como la portavoz del PRC y alcaldesa de Comillas, María Teresa Noceda, docente de profesión, advirtieron de la "preocupación e incertidumbre" que existe entre las familias de cara al próximo curso ante los cambios anunciados por la Consejería (habrá un maestro asignado a cada aula pero no tendrá que estar en ella a tiempo completo).

También han advertido de los riesgos que ello puede entrañar para la integridad física y emocional de los pequeños, porque "una única persona no puede atender las necesidades de 18 niños de dos años", máxime teniendo en cuenta que al comienzo de curso muchos de ellos ni siquiera han cumplido esa edad. En su opinión, todo ello es fruto de un intento del PP por "desprestigiar" la educación pública para "abrir el camino a la futura privatización de este tramo educativo".

"No invoquen la sostenibilidad porque para otras opciones sí hay dinero", dijo Díaz Tezanos en alusión a la ampliación del concierto al Torrevelo. El portavoz del PP, Pedro Luis Gutiérrez, también alcalde y también docente de profesión, reconoció que "dos personas ayudan más, por supuesto", pero pidió que se deje a la administración organizar las aulas de dos años "de forma eficiente y sostenible" y mandó un "mensaje de tranquilidad a familias, técnicos y maestros".

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