Una vecina de Badalona con dos hijos autistas de 13 y 15 años aún no ha empezado a cobrar los 1.995,41 euros que le pertenecen en concepto de retroactividad de la prestación de la ley de dependencia como cuidadora no profesional del hijo mayor, pese a que la Generalitat le reconoció el derecho y se comprometió a abonarle la ayuda de forma fraccionada en 2011.

Según han explicado fuentes de la Conselleria de Bienestar Social y Familia, como consecuencia de los "incumplimientos y constantes recortes en la financiación de la ley de dependencia" por parte del Gobierno, la Generalitat está priorizando los pagos de las mensualidades de los expedientes activos y aplazando el retorno de algunas retroactividades reconocidas.

La mujer, que aunque no ha cobrado los atrasos sí que percibe mensualmente la prestación correspondiente de 353,6 euros, recibió en julio de 2011 una carta del entonces subdirector de Prestaciones y Coordinación General, Rafael Arderiu, en la que se le explicaba que no se le abonarían íntegramente los atrasos reconocidos debido al decreto del Gobierno español de medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

La misiva recuerda que el decreto del Ejecutivo central señala que las cuantías en concepto de retroactividad de las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar se pueden aplazar y ser abonadas en un plazo máximo de cinco años.

En este sentido, Arderiu se compromete en la carta a abonar los 1.995,41 euros que le pertenecen a la vecina de Badalona de forma fraccionada entre 2012 y 2016 a razón de 399 euros todos los meses de mayo.

Pero la mujer no cobró la primera fracción que le correspondía en 2012 a pesar del compromiso, y "ya han avisado de que este año tampoco lo harán", ha alertado, y ha subrayado que hay muchas familias que se encuentran en la misma situación que ella.

"Me dicen que no me pueden pagar porque no tienen dinero pero no me concretan cuándo podrán hacerlo", ha lamentado, y ha destacado que precisa el dinero para poder seguir sufragando los tratamientos de ambos hijos.

Desde la Conselleria han recordado que el Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (Icass) "se ve obligado a gestionar los recursos con los que cuenta priorizando la atención a las personas en situación de dependencia", a través de garantizar los pagos de las mensualidades actuales de los expedientes activos.

La mujer ha explicado que debido a los retrasos en los pagos y a que el Gobierno español le ha recortado un 15% la ayuda como cuidadora no profesional ha tenido que "reducir una de las terapias de los niños pese a que son esenciales para su bienestar".

Los impagos de la Generalitat solo se han producido en el caso del hijo mayor —grado 3, nivel 1—, mientras que sí que percibió la retroactividad concedida del hijo pequeño —grado 2, nivel 2— porque presentó las alegaciones "un año antes, cuando la Generalitat no tenía tantos problemas de tesorería", ha dicho la mujer.