El empresario valenciano Ángel de Cabo y su cuñado, Teodoro Garrido, también declararán el próximo día 24 de abril en la Audiencia Nacional tras habérselo pedido expresamente al juez Eloy Velasco, que investiga el supuesto vaciamiento patrimonial del Grupo Marsans que el expresidente de la patronal Gerardo Díaz Ferrán habría llevado a cabo para eludir el pago a sus acreedores, informaron fuentes jurídicas.

El 'liquidador' de empresas en quiebra y su cuñado se suman así a Iván Losada, mano derecha de De Cabo, que fue el primero en solicitar al juez una nueva declaración. Los tres permanecen en prisión desde el pasado 5 de diciembre después de que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 le impusiera una fianza de medio millón de euros.

Ese mismo día comparecerá como testigo Enric Noguer, responsable de las inversiones de Marsans en México que dirigía Gerardo Díaz Santamaría, hijo de Díaz Ferrán y también imputado en la causa. Díaz Santamaría, que declaró el pasado 12 de marzo a petición de las mayoristas AC Hoteles, Meliá, Pullmantur y el grupo Orizonia, negó haber realizado operaciones de alzamiento de bienes en relación con la empresa Trapsa, de la que fue consejero entre 2006 y 2010.

De la instrucción de este caso, denominado 'Crucero', se deduce que Díaz Ferrán y su socio, Gonzalo Pascual, ya fallecido, diseñaron en colaboración con el empresario Ángel de Cabo "una estrategia para alzarse con sus bienes aparentando su insolvencia patrimonial".

Esta estrategia habría consistido en el traspaso del Grupo Marsans, propiedad de Díaz Ferrán, y de su patrimonio personal a las sociedades de De Cabo para crear, de esta forma, "una aparante insolvencia evitando así que sus acreedores, no sólo empresas, sino trabajadores, pudieran satisfacer sus créditos".

A cambio, el liquidador se comprometió a entregar 100.000 euros mensuales a los empresarios hasta que ambos recibieran una suma de 8 millones de euros. Según los autos del juez Velasco, Díaz Ferrán se habría valido de "testaferros y complejas estructuras societarias creadas por Ángel de Cabo, algunas de ellas asentadas en paraísos fiscales extranjeros" tras ser asesorado por "personas de su confianza".

Denuncia de las mayoristas

El juez Velasco, que abrió esta causa tras admitir a trámite una denuncia presentada en febrero de 2012 por las mayoristas AC Hoteles, Meliá, Pullmantur y el grupo Orizonia, ordenó el pasado 5 de diciembre el ingreso en prisión de De Cabo y Díaz Ferrán tras imponerles sendas fianzas de 50 y 30 millones de euros, respectivamente. En el caso del expresidente de la patronal, la Sala de lo Penal rebajó su caución a 10 millones.

A Díaz Ferrán se le imputan indiciariamente los delitos de alzamiento de bienes, blanqueo de capitales, insolvencia punible por la ocultación patrimonial de notoria cantidad de dinero y estafa procesal concursal.

El juez Velasco también envió a prisión el 5 de diciembre al cuñado de De Cabo, Teodoro Garrido; y los supuestos testaferros Carmelo José Estéllez, José Enrique Pardo y Antonio García Escribano. La secretaria del liquidador, Susana Mora, quedó en libertad tras depositar una fianza de 3.000 euros y al fiscalista Rafael Tormo se le impusieron una serie de medidas cautelares.

Además, fueron imputados en este procedimiento Gerardo Díaz Santamaría, hijo de Díaz Ferrán; Consuelo Garrido, mujer de De Cabo; el abogado Raúl Jiménez y los cuatro hijos de Gonzalo Pascual —Ignacio, José María, Gonzalo y Diana—.D