El PP lleva al Parlamento la "presión" recibida por el profesorado andaluz para aumentar el índice de aprobados

El Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía ha elevado una pregunta para respuesta oral en Pleno en la que cuestiona al Consejo de Gobierno sobre su valoración respecto a las denuncias de diferentes organizaciones sindicales en relación a la "presión" que recibe el profesorado andaluz, por parte de la inspección educativa, para aumentar su índice de aprobados, según el texto consultado por Europa Press.

El Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía ha elevado una pregunta para respuesta oral en Pleno en la que cuestiona al Consejo de Gobierno sobre su valoración respecto a las denuncias de diferentes organizaciones sindicales en relación a la "presión" que recibe el profesorado andaluz, por parte de la inspección educativa, para aumentar su índice de aprobados, según el texto consultado por Europa Press.

En este sentido, la sección de Enseñanza del sindicato Ustea ya manifestó estar recibiendo denuncias por parte de trabajadores de prácticas de la inspección educativa conducentes a la "fiscalización" de la actividad docente y la "presión" para aumentar el número de alumnado aprobado, así como por la apertura de expediente al profesorado "que no está de acuerdo con las imposiciones de la Consejería".

El responsable de Acción Sindical de Ustea Enseñanza, José Segovia, indicó a Europa Press que "en un contexto de educación pública gravemente afectada por recortes, que están incidiendo negativamente en su calidad y configurando un modelo de escuela mercantilizada y atenta a medir solo los resultados", el papel de la inspección educativa es uno de los elementos fundamentales, si bien "están dando muestras de estar más preocupados por ser el brazo armado de la Consejería que por ser un instrumento al servicio de la mejora del sistema educativo".

De esta manera, Ustea alude a casos en los que se escenifican en los centros educativos los "pulsos de poder", con "actuaciones arbitrarias y desproporcionadas", pues se demanda a la dirección de los centros la lista del profesorado cuyo porcentaje de aprobados haya estado por debajo del 50 por ciento en la última evaluación; o se "fiscaliza" y "se requieren papeles y más papeles al profesorado para evaluar si su práctica docente es de calidad o no, sin hablar con ellos".

Por ello, finalizó Segovia, el profesorado contempla a los ejecutores de estas medidas "con recelo y desafección, y no le faltan razones para ello, porque forman parte de los problemas que aquejan al sistema educativo andaluz, y no de las soluciones".

Por su parte, el presidente de la Asociación de Inspectores de Educación (Adide) de Andalucía, Ángel Ruiz Fajardo, recalcó a Europa Press que las actuaciones realizadas por los integrantes del servicio provincial de Inspección de Educación de Sevilla, y los de todos los Servicios de Inspección de la comunidad autónoma, "se ajustan a los criterios y procedimientos descritos en el Plan de Actuación de la Inspección de Educación que deriva de lo establecido en la normativa vigente y que regula el mencionado plan".

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