El PSOE de Cantabria ha anunciado este viernes que apoyará la huelga general de educación, convocada por la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, que se desarrollará el jueves 9 de mayo, contra los recortes en Educación y contra la LOMCE, que han calificado como "retrógrada y segregadora".

Igualmente, el PSOE ha presentado en el Parlamento de Cantabria una proposición no de ley instando al Gobierno de Cantabria a que exija al Ejecutivo de Mariano Rajoy la retirara del anteproyecto de la LOMCE y que abra un proceso de diálogo para el análisis de las necesidades y los objetivos del sistema educativo español mediante la elaboración de un documento abierto de trabajo de objetivos y de diagnósticos.

Además de apoyar la jornada de huelga, el PSC-PSOE también va a organizar el 18 de mayo un encuentro abierto a la comunidad educativa para planear alternativas a la propuesta "retrógrada y segregadora" del PP que se basen en la equidad y la igualdad.

Para los socialistas, la LOMCE es una "contrarreforma ideológica" que favorece la "segregación", "rompe la equidad del sistema educativo" y "propicia la exclusión educativa" al establecer una "nula permeabilidad" entre itinerarios que "conllevaría a que parte del alumnado quede en vías muertas, sin objetivos claros".

En un comunicado, explican que la especialización de centros en los ámbitos curricular, funcional o según las características del alumnado favorecerá la clasificación de los alumnos y aumentará así las diferencias sociales, por lo que rompe la equidad del sistema.

Además, señalan que la realización de pruebas externas para obtener la titulación correspondiente condiciona la evolución educativa del alumnado a un sólo examen, lo que en ningún caso favorecerá la consecución de uno de los objetivos de este anteproyecto, que es aumentar el número de titulados.

Según subrayan, la LOMCE también "desconfía" de los centros educativos y del profesorado, ya que las decisiones curriculares vendrán "impuestas" desde la Administración y fija movilidad "forzosa" del profesorado.

A la par, señalan que es una ley "recentralizadora" que quita competencias a las comunidades autónomas y al consejo Escolar, de modo que la autonomía de los centros quedará reducida a la persona del director, quien verá incrementada sus competencias mientras se reducen las mismas de los órganos de coordinación docente.

"Es antidemocrática porque se propone sin diálogo con las comunidades educativas, ni con las organizaciones sindicales y profesionales", concluyen.