El Juzgado de lo Penal número 3 de Santander ha fijado para el próximo 12 de junio el comienzo del juicio por el derrumbe del edificio del Cabildo de Arriba que se cobró la vida de tres vecinos el 8 de diciembre de 2007. Las sesiones se celebrarán en el salón de actos del complejo judicial de Las Salesas los días 12, 13, 14, 17 y 18 de junio, fechas en las que se habrán cumplido ya cinco año y medio del siniestro mortal.

Tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares -13 en total- piden cuatro años de prisión, por un delito de homicidio imprudente, para el constructor Adolfo Menocal y el ingeniero Carlos Iturregui, como responsables de las obras realizadas en el edificio contiguo al que se vino abajo en el número 14 de la Cuesta del Hospital.

Entre las acusaciones particulares figuran la Asociación de Vecinos del Cabildo, familiares de las víctimas y vecinos del inmueble derrumbado.

En la fase de investigación previa, el Juzgado de Instrucción número 2 de Santander excluyó al constructor, propietario de la empresa Memecons, de responsabilidad en el accidente, que ceñía al ingeniero encargado de la obra. Pero tras un recurso de los familiares de las víctimas y de la asociación vecinal, la Audiencia Provincial le incorporó como imputado junto al ingeniero.

Como consecuencia del derrumbe perdieron la vida Gumersinda Colmenero, de 73 años, su hijo Jesús Manuel Gómez Colmenero, de 52, y Teodoro Monzón Flórez, de 76, mientras que Francisco Gómez Colmenero resultó herido. El edificio había sido desocupado por las grietas aparecidas en él como consecuencia de la demolición del número 12, pero estas cuatro personas se encontraban en el momento del derrumbe recogiendo enseres personales.

En los escritos de acusación formulados por los hijos de Gumersinda Colmenero y otros vecinos del número 14, se denuncia que la comunidad de propietarios del número 12, "con un propósito eminentemente lucrativo, planearon la demolición del edificio antiguo por uno nuevo, tratando de aprovechar el requerimiento recibido del Ayuntamiento que facilitaba la oportunidad de intervenir con aparente legalidad en el inmueble, para realizar una verdadera operación de especulación en virtud de la cual mejorarían sustancialmente sus propiedades, llevando a cabo una actuación que en ningún caso les habría resultado autorizada".