Representantes de sindicatos y asociaciones del ámbito educativo han comparecido este martes en la Junta para dar su opinión relación a la "Proposición de Ley del Principado de Asturias de la Autoridad del Profesorado" y han mostrado sus discrepancias respecto a la necesidad de la misma en el Principado y el resultado de la aplicación de leyes similares en otras comunidades.

Por parte de los sindicatos, FETE-UGT ha defendido que exista una normativa estatal pero no en la línea de las leyes que se están aprobando en otras comunidades autónomas. "Una ley por si sola no resuelve los problemas de conflictividad de las aulas ni mejora la convivencia escolar", ha destacado el representante de FETE-UGT, Daniel Rodríguez, que ha reclamado un conjunto de medidas amplias -menos horas lectivas, más formación del profesorado o ratios más bajas— que no pasen por una vuelta al autoritarismo.

Desde CCOO, Luis Fernández, ha indicado que el sindicato considera importante que el profesorado cuente con el apoyo de administraciones y familias y que se reconozca su labor, pero ha añadido que "no hay autoridad sin recursos". "Nos duele que el reconocimiento sea de cara a la galería", ha dicho Fernández, que ha criticado los recortes y las campañas de desprestigio hacia la labor de los docentes en comunidades que ya cuentan con una ley en vigor, como es el caso de Madrid.

Así ha considerado "poco convincente" que en la Junta se hable de la ley de autoridad del profesorado mientras se aplican recortes constantes, como el cierre de centros de formación, el aumento de horas lectivas o el despido de docentes interinos en verano. "CCOO no se opone a una ley pero el reconocimiento pasa por proporcionar al profesorado las herramientas para llevar a cabo su labor y prestigiar día a día la misma", ha añadido.

A juicio de Suatea esta ley "no es necesaria ni conveniente". Así, la secretaria de Suatea, Beatriz Quirós, ha indicado que precisamente en las comunidades donde se han implantado este tipo de leyes se han dado los mayores ataques a los docentes de los centros públicos, con miles de despidos de interinos, reducción de salarios o aumento de recursos destinados a los centros concertados.

Marcelino Sánchez, en representación del Consejo de la Juventud, ha indicado que no comparten el texto de la proposición de Ley ya que a su juicio evoca otras épocas en las que se aplicaba "la letra con sangre entra". Así ha considerado que los auténticos problemas de la educación no son los de la falta de autoridad del profesorado.

En la misma línea se ha pronunciado la presidenta de FAPAS Miguel Virgós, María Elena González, que ha considerado que no hay motivos suficientes en Asturias para llevar a cabo esta ley cuyo articulado recuerda a su juicio a un modelo de educación propia de otras épocas.

Por su parte el catedrático de Didáctica y Orientación Escolar, José Luis San Fabián, ha manifestado que considera que la proposición de Ley es "bien intencionada pero poco eficaz", ya que ha su juicio hay otros mecanismos para definir mejor las funciones de los docentes. "Creo que esta medida no resuelve sino que más bien desvía la atención de los problemas de la función docente", ha dicho el catedrático que ha considerado que la medida podría tener efectos negativos y tiene además tintes propagandísticos.

Ley "imprescindible"

Diferente ha sido la postura de Gumersindo Rodríguez, representante del sindicato ANPE-Asturias, que ha considerado "absolutamente necesario el reconocimiento por ley de la autoridad del profesorado". Ha dicho además que Asturias va por detrás en cuanto a la defensa del profesorado y ha indicado que sólo con una ley de autoridad del profesorado se podrá lograr una mejora en los resultados educativos. "Sería preferible una normativa estatal pero ante la falta de la misma las comunidades deben legislar", ha dicho Rodríguez.

También desde la Federación Enseñanza de USO han considerado "imprescindible" reconocer la condición de autoridad pública de todos los docentes, independientemente de la condición del centro, sea público o privado. Similar ha sido la opinión de la representante de CSIF, sindicato de implantación nacional, que ha indicado que la organización respalda la propuesta de crear una Ley de Autoridad del profesorado que daría rango de autoridad pública a los docentes en Asturias, al igual que hace en todo el territorio nacional.

La representante de CONCAPA, Sandra María Ruíz, ha defendido la ley y ha culpado a la "actual falta de valores" la falta de autoridad del profesorado.

Por su parte el presidente del Colegio Escolar del Principado, Alberto Muñoz, por su parte ha puesto sobre la mesa algunas cuestiones como la necesidad de que la Ley tenga en consideración los resultados en las comunidades autónomas que ya cuentan con una ley en vigor ya que ha recordado que hay seis comunidades que ya cuentan con ella.

Primera ley que promueve upyd

La Ley de Autoridad del Profesorado es la primera de las leyes que promueve el grupo parlamentario de UPyD. Su diputado, Ignacio Prendes, ha indicado que saben que esta iniciativa no será el "bálsamo de todos los problemas de la educación asturiana, que tiene muchas carencias y necesidades, pero si considera que es un paso más, una palanca para impulsar la mejora de la educación".