La diputada socialista Ana Isabel Méndez ha afirmado que han tenido que pasar 22 meses para que el Gobierno de Cantabria "reconozca que engañó a los afectados por la Ley de Montes para conseguir su voto y que no va a cumplir las promesas electorales que les hizo", y ha pedido al presidente del Gobierno y del PP regional, Ignacio Diego, que se implique en la modificación de la Ley de Montes.

"No ha sido Diego, el responsable del engaño, quien lo ha reconocido. Ha tenido que ser la consejera de Ganadería quien ha dicho que, efectivamente, el proceso de resolución de los expedientes está siendo bastante lento debido a su complejidad, que le encantaría dar la razón a todos pero que no puede porque con la documentación en la mano, el Gobierno llega hasta donde llega y que los afectados deben ir a la vía judicial para poder defender sus propiedades", destacó la parlamentaria.

Para Méndez, hoy existe "la misma complejidad y la misma necesidad de solución" al problema que hace 22 meses, pero Diego decidió "engañar dos veces a los afectados, cuando les mintió en campaña electoral para utilizar su voto y ahora incumpliendo lo que les prometió".

La diputada socialista reclama a Diego que, en vez de trasladar "de forma cobarde" el problema a las Juntas vecinales, "dé voz" a Cantabria en la modificación de la Ley de Montes que está elaborando el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

"Si Diego alega ahora para no cumplir, que el problema es la ley estatal, pues que la cambie y que cumpla con su promesa de aprobar en el plazo de cuatro meses una disposición transitoria a la Ley de Montes del año 2003, aprobada por el señor Aznar, y que es la causa de todos estos problemas", afirmó.

Una disposición, que a su juicio, debe mantener la situación como estaba antes de la norma de 2003, hasta que se resuelvan de la forma más favorable posible los problemas de cada afectado. "Si la ley es el problema, ahora tiene mayoría aquí y en Madrid para cambiarla. Y este es el momento preciso. Si ha ido a Madrid a exigir un cambio en la Ley de Costas, para cumplir su promesa electoral, los afectados por la Ley de Montes no merecen menos", sentenció.

Es por ello que para Méndez, "no caben excusas de que no hay demanda social, porque tampoco la hay para modificarla con la finalidad de abrir la puerta a recalificar terrenos quemados, sino más bien, reproche social, y sin embargo, el ministro -dice- parece no escucharlo".

Finalmente, la socialista exige a Diego que se oponga en Madrid al borrador de la ley con el que trabaja el Ministerio que "abre la puerta a la recalificación de bosques quemados en su artículo 50".

Tal y como explicó, el texto que se ha presentado hace dos semanas a las ONG contiene la posibilidad de que las Comunidades Autónomas acuerden el cambio de uso forestal cuando concurra un "interés general prevalente" lo que, en su opinión, supone "abrir la puerta a su vez a los incendios forestales intencionados".