El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha precisado este lunes que los resultados positivos en equino en los análisis realizados en muestras de carne de ternera han tenido lugar en la Región de Murcia, el Principado de Asturias, Castilla y León y Castilla-La Mancha, y ha avanzado que el Gobierno revisará el cuadro de infracciones y sanciones en la Ley de Calidad Alimentaria.

En declaraciones a los medios en el Congreso, Arias Cañete ha explicado que España ha realizado 189 análisis, más de los 150 requeridos por la Comisión Europea, en las industrias y puntos de consumo de carne, con la vista puesta en detectar posibles restos de equino en carne etiquetada como de otra procedencia, así como restos de fenilbutazona, una sustancia "prohibida en los productos destinados al consumo humano".

"De los 189 análisis que se han realizado hasta la fecha, el Ministerio de Agricultura ha hecho 116. En total, ha habido ocho casos en los que ha aparecido ADN de caballo, lo que representa el 4% del total. Las comunidades autónomas en que se han producido esos casos son Murcia (uno), Asturias (uno), Castilla y León (uno) y Castilla-La Mancha (tres)", ha apuntado.

Los restantes 73 análisis los ha realizado el Ministerio de Sanidad, si bien Arias Cañete no ha precisado dónde se han producido los dos positivos detectados en este trámite. No obstante, sí ha resaltado la "muy estrecha colaboración" que mantiene su departamento con el que dirige Ana Mato y ha justificado el reparto del trabajo en que así se han podido tomar las muestras "a mayor velocidad y con la mayor eficacia posible".

En este punto, Cañete ha subrayado que un 4% de positivos es un porcentaje bajo que demuestra que los mecanismos de detección "funcionan bien" y ha puesto en valor que ninguno de los positivos ha sido por fenilbutazona. "La trazabilidad que tenemos en España es muy sofisticada y, una vez que se testa una muestra, la cadena se sigue con gran velocidad y las comunidades autónomas pueden tomar las decisiones pertinentes", ha añadido.

Retirar y destruir

Decisiones que pasan por inmovilizar los productos, fijar su trazabilidad y, en su caso, destruirlos. Para ello, el Gobierno remite la información obtenida en los análisis tanto a los gobiernos autonómicos como a la Comisión Europea, que "en los próximos días tomará decisiones", según ha dicho Arias Cañete.

En concreto, ha avanzado que se analizarán posibles medidas de ámbito comunitario para "garantizar a los consumidores que no hay fraudes alimentarios de esta naturaleza" así como para fijar "cómo reaccionar" cuando se producen y determinar "qué red de alerta rápida poner en marcha para ser mucho más eficientes en detectarlos".

Asimismo, el ministro ha indicado que en la Ley de Calidad Alimentaria que está preparando su departamento se revisará el cuadro de infracciones y sanciones "para ver si está actualizado y si son suficientemente disuasorias".

"En el marco de esa reflexión que estamos haciendo sobre la Ley de Calidad Alimentaria incluiremos una nueva regulación de infracciones y sanciones en el sector y sacaremos las consecuencias de temas como éste, que han puesto de manifiesto que pese a que tenemos un sistema de control muy sofisticado hay veces que se cometen fraudes al consumidor", ha insistido.

No obstante, el titular de Agricultura ha recordado que las competencias sancionadoras en un fraude al consumidor como es éste recaen en las comunidades autónomas, que serán las que determinen la sanción "en función de la cuantía económica" del fraude.

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