Convivencia Cívica se querellará contra Irene Rigau si no aplica los autos del TSJC

  • La asociación se querellará contra la consellera d'Ensenyament catalana.
  • Alegarán contra Irene Rigau delitos de desobediencia civil y prevaricación.
  • Si la resolución del TSJC no se acata en dos meses podría haber ejecución forzosa.
La consejera de Educación, Irene Rigau, en el Parlament de Cataluña.
La consejera de Educación, Irene Rigau, en el Parlament de Cataluña.
ALEIX MOLDES / ACN
La consejera de Educación, Irene Rigau, en el Parlament de Cataluña.

La asociación Convivencia Cívica Catalana ha anunciado este lunes que se querellará contra la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, si no aplica los diez autos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre la inmersión lingüística.

El abogado de la asociación, Ángel Escolano, ha explicado en rueda de prensa que interpondrán querellas contra Rigau por los delitos de prevaricación y desobediencia civil si el Departamento de Educación incumple las resoluciones del TSJC, siempre y cuando el tribunal haya requerido previamente su cumplimiento.

Escolano ha asegurado que si se incumplen los autos del TSJC el tribunal podrá imponer multas coercitivas e informar a la Fiscalía para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder, según la ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Podría producirse una ejecución forzosa

Si pasados dos meses las resoluciones no se han acatado, podría haber una ejecución forzosa, de modo que "una gestora judicial se haga cargo del colegio y cumpla las decisiones judiciales", ha señalado el letrado de la asociación.

El TSJC ha instado a la administración catalana en diez autos a impartir enseñanza bilingüe -en castellano y catalán- en las clases de diez centros escolares donde alguna de las familias así lo habían solicitado.

'Grave atentad0' al Estado de derecho

El presidente de Convivencia Cívica Catalana, Francisco Caja, ha destacado que no cumplir las resoluciones judiciales es un "grave atentado al Estado de derecho" y ha asegurado que el gobierno catalán se empeña en mantener un modelo lingüístico "inconstitucional".

Asimismo ha asegurado que a pesar de que el Departamento de Educación haya presentado un recurso contra las resoluciones del TSJC los autos deben cumplirse.

Caja también ha asegurado que se han presentado 1.031 solicitudes para recibir enseñanza bilingüe -aunque no ha precisado cuántas peticiones han sido durante este curso escolar- y que 19 familias han acudido a los tribunales.

Por su parte, Nicolas Costovici, uno de los padres que ha solicitado que sus hijos sean escolarizados usando tanto el castellano como el catalán como lenguas vehiculares, ha señalado que sus hijos -de 5, 7 y 12 años- tienen "poco vocabulario en castellano".

Otro de los padres, Julián Busca, ha expresado sus dudas de que los alumnos catalanes acaben la educación obligatoria con el mismo nivel de catalán y castellano porque "las cargas horarias de cada lengua son muy distintas".

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