Isabel Rosselló, cantante de ópera y esposa de la exgerente del Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) Antònia Ordinas, ha admitido durante su declaración como acusada en el juicio por el caso Scala que, a través de su empresa Gabinete Alays, emitió por orden de su esposa, en favor de la trama presuntamente urdida en torno al organismo público.

La acusada ha prestado declaración durante poco más de veinte minutos ante el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma, y en su comparecencia ha manifestado que, junto a Ordinas, ha devuelto en el marco de esta causa más de 600.000 euros, procedentes de las comisiones que su mujer guardaba en dos cajas de Cola Cao en el jardín de su casa, así como de la venta de su vivienda.

En cualquier caso, Rosselló, a preguntas de su abogado, ha manifestado que aún no ha reintegrado todo el dinero defraudado, comprometiéndose así a reparar por completo el daño causado.

Por otro lado, y en relación a otra de las empresas vinculadas a la trama, Sayju, adjudicataria de numerosos contratos por parte del CDEIB para la realización de estudios y participación en evtentos que supuestamente no respondían a finalidad pública alguna, la soprano ha manifestado que en el caso de esta mercantil no se encargaba de elaborar las facturas sino que ha afirmado creer que las hacía otra de las inculpadas, Daniela Beaumont.

La Fiscalía apunta a que de Sayju eran socios ocultos tanto Ordinas como el exconseller de Comercio, Industria y Energía Josep Juan Cardona y el exdirector general de Ordenación del Territorio Kurt Viaene, principales acusados en la vista oral que se celebra desde hace una semana, mientras que era gestionada de hecho por la exgerente del CDEIB y por Beaumont.

En cuanto a Gabinete Alays, las acusaciones sostienen que Rosselló actuó por oden de Cardona, Viaene y Ordinas para constituir esta sociedad al efecto, entre otros objetivos, de ser contratada por su compañera sentimental y emitir facturas falsas para encubrir el cobro de comisiones a los adjudicatarios del CDEIB.

Otro empresario reconoce el pago de comisiones

Por su parte, otro de los inculpados que esta mañana ha prestado declaración, Jaime Gil, exdirector general bajo el gobierno de Jaume Matas y administrador de otra de las mercantiles que se encuentra bajo lupa judicial, Taller Gràfic, ha reconocido que pagó comisiones a Ordinas mientras que, en lo que a los trabajos que realizó para el CDEIB se refiere, los entregó "puntualmente y no recibí ninguna queja".

De hecho, ha señalado que los trabajos fueron utilizados por la Administración, entre ellos folletos impresos y cajas de productos, por los que Gabinete Alays emitió facturas por indicación de Ordinas. Finalmente, ha indicado que siempre cobraba después de que los trabajos ya estuvieran hechos.