La Consejería de Universidades, Empresa e Investigación, a través de la Dirección General de Consumo, Comercio y Artesanía, informa a los ciudadanos de que existen recursos para defender sus derechos en materia de protección de datos personales y que para ello pueden dirigirse a la citada Dirección General.

Así, como primer paso para solucionar las irregularidades la directora general María Dolores Alarcón recomienda "intentar determinar la identidad del responsable del tratamiento de los datos", según han informado fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

Para ello pueden ejercer el derecho de consulta en el Registro General de Protección de Datos, así como los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos contenidos, según el caso.

Si con este procedimiento no obtiene un resultado satisfactorio por parte del responsable del tratamiento, se puede, según explicó Alarcón, "interponer una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos por las actuaciones contrarias al derecho fundamental a la protección de información de carácter personal".

Esta Agencia es el organismo encargado de la tutela del derecho de los ciudadanos en la materia y garantiza el ejercicio efectivo de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para solicitar su participación, los interesados tienen que presentar en la Agencia un escrito en el que se expresen con claridad sus datos, el contenido de la reclamación y los preceptos de la Ley de Protección de datos de carácter personal que considere vulnerados.

Para ello se pueden utilizar los formularios que se encuentran disponibles en la página web de la Agencia, www.agpd.es. Una vez presentada la denuncia, el organismo traslada la reclamación al responsable del fichero o tratamiento y le insta para que en el plazo de 15 días formule las alegaciones que estime pertinentes, tramita el correspondiente procedimiento administrativo, resuelve el mismo en el plazo máximo de seis meses e informa a las partes.

Los procedimientos de tutela de derechos no tienen carácter sancionador, se limitan a estimar o desestimar las reclamaciones planteadas por los ciudadanos ante la Agencia. Sin embargo, en algunas ocasiones los hechos constatados pueden derivar en procedimientos sancionadores contra los responsables de ficheros, cuando existen pruebas razonables de que se ha producido alguna infracción de los principios y garantías contenidos en la Ley.

Además de los ciudadanos, la Agencia Española de Protección de Datos, cuando constata un hecho presuntamente ilícito, por ejemplo a través de alguna noticia aparecida en los medios de comunicación social, puede iniciar el procedimiento sancionador.

A partir de ese momento, el organismo investiga los hechos y puede suspender temporalmente el tratamiento y, en caso de concluir que se ha violado la normativa, puede ordenar la supresión o destrucción de los datos o prohibir el tratamiento.

El afectado también podrá dirigirse posteriormente ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Además, si de dichas actuaciones se derivase un perjuicio para los interesados, estos podrán reclamar la correspondiente indemnización ante la jurisdicción civil o ante el responsable del fichero.

Igualmente, Alarcón indicó que la Dirección General de Consumo, Comercio y Artesanía impartió el pasado año un curso destinado a los técnicos de las oficinas municipales de Información al Consumidor (OMIC), "para que puedan a su vez informar a los ciudadanos" y el pasado mes, dentro de los actos del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, ofreció un curso en el Instituto Integral de Formación Profesional Carlos III de Cartagena a los alumnos del módulo de Consumo.