La Fiscalía de Hannover presentó este viernes una acusación contra el expresidente alemán Christian Wulff por dejarse sobornar en un caso vinculado al productor de cine David Groenewold, acusado a su vez de soborno, según informó la investigación.

Según la acusación, Groenewold asumió parte de los gastos de una visita del matrimonio Wulff a la Oktoberfest de Múnich en 2008.

La Fiscalía sostiene en un comunicado que todo indica que la intención era motivar a Wulff, entonces primer ministro del estado federado de Baja Sajonia, a interceder por Groenewold ante el presidente de la firma Siemens, Peter Löscher, para conseguir financiación para uno de los proyectos del productor.

Groenewold asumió para Wulff y su familia 510 euros en gastos de hotel y canguro, alrededor de 210 euros por una cena, así como 3.209 euros por la visita de los Wulff y otros siete huéspedes a una carpa de la Oktoberfest, según la acusación. El propio Wulff aseguró no haber tenido conocimiento de ello.

Aunque la última cifra de la que finalmente se habló es de 770 euros, la Fiscalía subrayó que el monto no desempeña un papel determinante a la hora de presentar la acusación.

El pasado martes, Wulff, de 53 años, y Groenewold rechazaron una oferta del fiscal para suspender la investigación por corrupción a cambio del pago de 20.000 euros y 30.000 euros, respectivamente, lo que habría supuesto que el expresidente alemán asume responsabilidad penal.

Ahora, la Audiencia Provincial de Hannover deberá decidir si acepta las acusaciones para abrir un proceso, una decisión que podría llevar meses.

En primer lugar, al acusado le corresponde un plazo para pronunciarse, totalmente abierto al no estar regulado legalmente, indicó el portavoz del tribunal, Martin Grote.

"Probablemente pasen varios meses antes de saberse si habrá vista oral", precisó Grote, quien no quiso pronunciarse sobre las probabilidades de que finalmente se abra un proceso contra el expresidente.

Se trataría de un hecho único, pues nunca antes un expresidente alemán había sido acusado por la justicia de su país por aceptar sobornos.

Entretanto, los representantes legales del expresidente, Bernd Müssig y Michael Nagel, rechazaron las acusaciones de soborno contra su cliente, que calificaron de infundadas.

"El expresidente Christian Wulff confía en la independencia, soberanía y criterio del tribunal", señalaron los abogados en un comunicado.

Recordaron, además, que la Fiscalía se ha visto obligada a desestimar el resto de acusaciones con las que había argumentado en febrero de 2012 su solicitud de retirar la inmunidad a Wulff.

El Código Penal alemán establece penas que van desde una sanción económica hasta cinco años de cárcel para un alto cargo, dependiendo de la gravedad del caso, por dejarse sobornar.

La investigación contra Wulff se abrió ante la sospecha de que podría haber obtenido beneficios indebidos de su cargo, lo que le obligó finalmente a dimitir el 17 de febrero de 2012, acosado por varios escándalos de amiguismo y corrupción —destapados en diciembre de 2011 por el diario Bild— cuando ya era jefe de Estado.

Según el Bild, el cristianodemócrata Wulff aceptó en su época de primer ministro regional un crédito privado con unas condiciones muy ventajosas de empresarios amigos por medio millón de euros, con el que adquirió una casa unifamiliar.