El PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y UPyD se opondrán este jueves en el Pleno del Congreso a la convalidación del decreto ley de Protección a los titulares de determinados productos de ahorro e inversión y otras medidas de carácter financiero, que ven insuficiente ante el calibre de la estafa de la comercialización de participaciones preferentes entre pequeños ahorradores.

El socialista Antonio Hurtado ha acusado al ministro de Economía, Luis de Guindos, de dejar "atrapadas" en el "infierno de las preferentes" a miles de familias, y le ha reprochado el "incumplimiento" del acuerdo de solución alcanzado con el PSOE, que no preveía ni un canje ni una quita.

"Esto ha sido una estafa estructural, y no puede venir a ofrecer migajas cuando hacen falta panes. Hace falta una solución, y la que usted trae no es ni real ni justa", ha dicho, recordando al Gobierno que los tribunales están dando la razón a los afectados y pidiendo la suspensión del decreto para poder encontrar una solución "común" a un "problema de Estado".

Solución que, para los socialistas, pasa por que la CNMV haga una auditoría general de todos los casos para ver quiénes han sido engañados y, posteriormente, canjear esos títulos por depósitos, y no por acciones. "Devuelva este toro a los corrales, porque supone claramente meter la mano en los bolsillos de los ahorradores", ha insistido, reclamando también que se depuren responsabilidades.

También lehman brothers

En este punto, ha recordado que también Lehman Brothers —empresa en la que trabajó De Guindos— comercializó preferentes, razón por la que el ministro "no está legitimado para hablar de herencia" al haber sido "parte del sistema causante del problema". Además, ha indicado que ya en 2003 se advertía de una comercialización inadecuada pero De Guindos, como secretario de Estado, aprobó desgravaciones por su emisión.

"El arbitraje servirá de operación de maquillaje. Está tratando de enfriar el problema. Admita que su decisión es un atraco a mano armada", ha añadido, advirtiendo de que no se "amilanarán" y acudirán a los tribunales, a Bruselas o a la Fiscalía porque están "decididos" a que "se haga justicia".

De Guindos le ha replicado que "las preferentes no se pueden prohibir" ni "son el problema", sino que la mala praxis ha estado en la comercialización. Además, ha explicado que en 2003 sólo autorizó una práctica que ya se producía a través de paraísos fiscales y que el problema surgió en 2008 cuando estos productos se colocaron "masivamente con el visto bueno de la CNMV".

Asimismo, ha aprovechado para cargar contra el PSOE por su "escasa fiabilidad", reprochándoles que se salten el pacto. "¿Cómo quiere que pacte con ustedes si son absolutamente poco fiables?", ha añadido.

Zapatero engañó a los ciudadanos

También el portavoz de Economía del PP, Vicente Martínez Pujalte, ha criticado que el PSOE "no cumpla los acuerdos que deja por escrito" y ha acusado directamente al expresidente Zapatero de ser el responsable de esta "estafa" por haber "engañado a los ciudadanos" al decir que el sistema financiero estaba "en la Champions" para no tener que pedir ayuda a Europa.

"En 2009, ustedes engañaron a millones de personas vendiéndoles preferentes en vez de acudir a un rescate, que era lo mejor para la banca española. Ustedes me engañaron a mí porque llegaron a un acuerdo que no han cumplido. Y ahora mi lucha va a ser que no engañen a los ciudadanos diciendo que la responsabilidad es nuestra cuando es suya", ha añadido.

Tras recordar que fue el Gobierno socialistas el que acabó con el sistema de recompra de preferentes que tenían los bancos para los minoristas, Pujalte ha recomendado a Hurtado que, si quiere ser "coherente" en sus denuncias, debería poner una querella criminal contra Zapatero, los exministros Elena Salgado y Pedro Solbes, el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y el expresidente de la CNMV Julio Segura, que "son los que autorizaron las emisiones".

Además, ha defendido las medidas del Gobierno 'popular' que en el último año, además de "no haber emitido" nuevas preferentes, ha reducido el saldo vivo retenido en estos productos de 30.000 a 10.000 millones de euros. "Su lema puede ser la agitación; el nuestro es arreglar los problemas", ha añadido.

"hay que dar buenas noticias"

El responsable económico de CiU en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, ha lamentado que se haya llegado esta situación, aunque ha valorado que el decreto incluye "aspectos muy positivos" como la "buena noticia" de que los preferentistas que fueron obligados al canje por acciones puedan ir al arbitraje y "tengan una posibilidad legal de recuperar sus ahorros".

No obstante, ha pedido al Gobierno que los criterios para poder acudir al arbitraje sean "lo más universales posibles" para que no se queden fuera ni los afectados por desconocimiento "ni quienes confiaron en sus entidades financieras".

Francisco Álvarez Sostres, de Foro Asturias, apoya "críticamente" el decreto, y reclama que se exijan responsabilidades "civiles y patrimoniales" a las entidades responsables, y que se establezca un arbitraje "específico, colegiado y universal" para los afectados por estas "auténticas estafas de cuello blanco".

Por su parte, el portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, ha anunciado su abstención, reclamando no obstante al Gobierno que evite que los afectados por esta "estafa" sean los que acaben pagando el rescate. "Estaríamos de acuerdo en que contribuyeran a él si hubieran sido conscientes de lo que compraban, pero dadas las prácticas fraudulentas deberían ser las entidades las que paguen por sus actuaciones negligentes", ha insistido, criticando no obstante que el pago se haga a través del FGD, implicando a entidades que no han incurrido en estas prácticas.

Sólo hay una solución:

La devolución de todo el dinero

El portavoz de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), José Luis Centella, ha dicho que el decreto es "insuficiente" porque "sólo hay una solución posible: la devolución total e inmediata del dinero estafado". Además, ha acusado al Gobierno de "defender a los poderosos, por mucho que intenten jugar con las palabras", y ha recordado que el PP "se negó a investigar" las responsabilidades en este asunto.

"Pueden seguir echando la culpa al Gobierno anterior —que también tiene responsabilidad— pero así sólo recuerda a eso de que entre todas la mataron y ella sola se murió", ha advertido al ministro, acusándole de optar por una vía "minoritaria, discriminatoria y que reduce aún más la solución" a un "auténtico corralito".

La diputada de UPyD Irene Lozano ha anunciado una querella criminal en la Audiencia Nacional contra quienes comercializaron, promovieron, estimularon la comercialización y miraron para otro lado" sin darse "por enterados" ante esta "estafa". Además, ha criticado el "lenguaje de encubrimiento" que utiliza el Gobierno en relación con este tema con el único objetivo de "dar por terminada" la historia de esta "estafa" y "cubrir con nuevas toneladas de mentiras" el "engaño" al que se sometió a "cientos de miles de personas".

Además, ha subrayado que la mayoría de los afectados son pensionistas, que "no son imbéciles" y a quienes "si les hubieran dicho que no iban a recuperar su dinero, no lo habrían metido en esos artefactos". "Confiaron en sus bancos y cajas, confiaron en la supervisión de las instituciones. Y los engañaron todos", ha denunciado.

Olaia Fernández Davila (BNG) ha acusado al Gobierno de "preparar el terreno para la incautación de ahorros a miles de pequeños ahorradores" con la presentación de "medidas cosméticas" que provocarán que paguen la situación los contribuyentes. Por su parte, Joan Baldoví, de Compromís-Equo, ha demandado que se declaren nulos todos los contratos para que no haya pérdidas, y que la Fiscalía investigue quiénes han sido los responsables de este engaño.