La Confederación de Entidades para la Economía Social de Andalucía (Cepes-A) ha valorado el decreto ley sobre la función social de la vivienda aprobado este pasado martes por el Consejo de Gobierno de la Junta, que definió como "valiente", y se congratula que el próximo Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación "contemple el fomento de la autoconstrucción y el cooperativismo como medidas esenciales con las que afrontar el problema de la vivienda".

En una nota, Cepes-A ha indicado que la vivienda "es un bien indispensable del que no se puede prescindir, de hecho toda persona necesita de una vivienda para lograr su emancipación y desarrollo personal e incluso es básico para el desarrollo del resto de sus derechos sociales".

Ha recordado que la Constitución española "plasma en los llamados principios rectores económicos y sociales el derecho a la vivienda, además garantiza la función social de la propiedad", tras lo que resalta que el Estatuto de Autonomía "da continuidad e incluso amplia y refuerza estos principios".

Reconoce que el derecho a la vivienda "ha tenido un desarrollo muy lento, exasperadamente parsimonioso, pues aun siendo elementos primarios de la dignidad humana y causante de problemas acuciantes, fundamentalmente entre las clases más desfavorecidas, no ha tenido un verdadero desarrollo efectivo que materialice el derecho en su realización formal y concreta".

Por otra parte, considera que "la conjunción de una crisis que ha provocado millones de desempleados y una legislación hipotecaria abusiva y claramente favorable a los intereses de las entidades financieras, ha proporcionado el caldo de cultivo para que se estén produciendo innumerables desahucios, lanzamientos que, desde que se inició la crisis, rondan los 100.000 y que cada día que pasa supone el que cerca de 50 familias se queden en la calle por no poder afrontar el pago de sus hipotecas".

La economía social andaluza considera que el Ejecutivo andaluz, "al que corresponde como poder público llevar a efecto y garantizar el derecho a la vivienda, ha dado un paso en el sentido adecuado al aprobar una norma que pretende garantizar la función social de la vivienda y reforzar la lucha contra los desahucios hipotecarios".

"Reforzar las ayudas al alquiler, crear un nuevo régimen sancionador y establecer la expropiación temporal para los casos más graves de emergencia social de aquellas familias inmersas en procedimientos de desahucio hipotecario, son medidas valientes y sin precedentes que pueden ayudar a paliar el actual problema de acceso a la vivienda y la función social de ésta", considera Cepes-A.

Por último, ha señalado que la vivienda "es antes que nada un problema social y las formulaciones empresariales de economía social, aun teniendo una componente de iniciativa privada nacida del espíritu emprendedor y asociativo de sus socios, mantiene un carácter social en sus fines que las hacen totalmente compatibles con las iniciativas sociales publicas y se puede convertir, por tanto en socio natural y estratégico en la solución del problema de la vivienda".